Gobernadora de San Andrés dice que desconocía nóminas paralelas en hospital
Imagen: infobae colombia
La gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez, dijo que no sabía de las presuntas nóminas paralelas en el Hospital Departamental hasta que salieron a la luz los informes de la Superintendencia de Salud. La funcionaria también explicó por qué, según su versión, no podía apartar al gerente antes de la intervención.
La gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez, quedó en el centro de la discusión por las presuntas irregularidades en el Hospital Departamental después de afirmar que no tenía conocimiento previo de las llamadas nóminas paralelas denunciadas por Abelardo De La Espriella. Según explicó la mandataria, los cuestionamientos comenzaron a hacerse públicos a partir de los informes de la Superintendencia de Salud, que habrían puesto sobre la mesa fallas administrativas y posibles manejos indebidos dentro de la institución.
De acuerdo con lo señalado por Ordóñez, su margen de acción era limitado antes de la intervención del ente de control, por lo que no podía remover al gerente del hospital de manera unilateral. Esa precisión resulta clave porque traslada el debate desde la sola denuncia hacia la estructura institucional que rodea la administración de la red hospitalaria en el archipiélago: quién vigilaba, quién respondía y en qué momento se activaron las alertas reales sobre el manejo interno del centro asistencial.
El caso importa más allá del pulso político local. En un departamento como San Andrés, donde la atención en salud depende de un sistema frágil y con alta presión sobre sus recursos, cualquier señal de doble nómina, contratación irregular o falta de control administrativo golpea directamente a los pacientes. La discusión no es solo si hubo o no irregularidades, sino cómo pudo operar una entidad pública de salud sin que las advertencias llegaran antes a quienes tenían responsabilidades de supervisión. En escenarios así, la cadena de mando suele convertirse en el primer terreno de disputa, especialmente cuando aparece una intervención estatal que reordena las competencias y deja al descubierto vacíos de control.
Lo que viene ahora será determinar hasta dónde llegaban las anomalías y quiénes tenían conocimiento de ellas antes de que la Superintendencia interviniera. En una isla donde el sistema de salud ya enfrenta cuestionamientos por su capacidad de respuesta, este episodio vuelve a exponer una verdad incómoda: cuando la vigilancia falla, el costo lo termina pagando la ciudadanía.
