Pacto Histórico avala traslado de procesos de Uribe a Comisión de Acusaciones
Imagen: El Tiempo - Política
El Pacto Histórico cambió de postura y terminó aprobando una petición para que los procesos contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja salgan de la Fiscalía y pasen a la Comisión de Acusaciones. El giro reabre el debate sobre el alcance de ese fuero y sobre si la vía política puede desplazar investigaciones judiciales sensibles.
El Pacto Histórico terminó avalando una petición para que los procesos que involucran a Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja pasen de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones. La decisión, que inicialmente había generado resistencias dentro del debate político, marca un cambio relevante en una de las discusiones más sensibles alrededor de la responsabilidad institucional por hechos de violencia en Antioquia.
Según informó El Tiempo - Política, en un primer momento la propuesta había sido aprobada para que el expediente dejara el terreno de la investigación penal ordinaria y entrara al escenario de la Comisión de Acusaciones, el órgano del Congreso encargado de investigar a altos funcionarios aforados. El movimiento no es menor: en la práctica, implica trasladar el caso a una instancia históricamente cuestionada por su lentitud, su baja capacidad sancionatoria y su carga política.
El asunto importa porque vuelve a poner sobre la mesa una tensión de fondo en Colombia: hasta dónde llega el fuero y qué tanto pueden las estructuras del Congreso reemplazar a la justicia ordinaria cuando se trata de hechos de enorme gravedad nacional. Las masacres de El Aro y La Granja siguen siendo referencias dolorosas del conflicto armado y de la discusión sobre responsabilidades estatales y políticas en uno de los periodos más críticos de Antioquia. Que el debate se centre ahora en el trámite institucional del caso, y no solo en el fondo de los hechos, muestra que la disputa sigue abierta y que el tiempo judicial continúa siendo un factor político.
En términos prácticos, este tipo de decisiones suele alimentar la percepción de que los casos contra figuras poderosas quedan atrapados entre competencias, recursos y cálculos partidistas. Para la ciudadanía, especialmente para las víctimas y sus familias, lo que está en juego no es solo el nombre de la entidad que conozca el expediente, sino la posibilidad real de una respuesta oportuna, creíble y efectiva del Estado. Por eso este viraje del Pacto Histórico no solo tiene lectura jurídica: también revela cómo, en Colombia, la justicia y la política siguen cruzándose en los casos más sensibles del poder.
