La hostelería pide gravar a supermercados por vender comida y bebida
Imagen: El País
La patronal de la hostelería española quiere que el próximo Gobierno ponga bajo la lupa fiscal a cadenas como Mercadona por vender comida y bebida listas para consumir en sus supermercados. Sostiene que esa expansión compite en desventaja con bares y restaurantes, un sector que aporta el 6,7% del PIB.
La hostelería española ha puesto sobre la mesa una vieja disputa que vuelve a ganar fuerza: pide al próximo Gobierno que grave a operadores como Mercadona cuando ofrezcan comida y bebida para consumir en sus supermercados. Detrás del reclamo hay una denuncia concreta de competencia desleal, según la patronal, contra un negocio que no solo sostiene miles de empleos, sino que representa el 6,7% del PIB en España.
El argumento del sector es que las grandes cadenas de distribución han ido ocupando espacio en el mercado de la restauración informal con cafeterías, barras de café, zonas de consumo rápido y otros formatos que mezclan compra y servicio. La patronal sostiene que ese modelo se beneficia de una estructura fiscal y regulatoria distinta a la de bares y restaurantes, que afrontan costes laborales, licencias, inspecciones y obligaciones específicas de actividad. El foco no está únicamente en Mercadona, sino en un fenómeno más amplio: supermercados y grandes superficies que ya no solo venden alimentos, sino que también capturan parte del gasto cotidiano que antes iba al bar de barrio o al restaurante cercano.
La discusión importa porque revela el choque entre dos modelos de consumo que hoy compiten por el mismo cliente. Por un lado, la hostelería, que insiste en que su peso económico y social merece una protección regulatoria equivalente. Por otro, la distribución alimentaria, que ha ampliado servicios para adaptarse a hábitos de compra más rápidos, más baratos y más prácticos. Si el próximo Ejecutivo decide intervenir, tendrá que caminar sobre una línea fina: evitar distorsiones, sí, pero sin castigar innovaciones comerciales que responden a la demanda de los consumidores en un contexto de inflación, pérdida de poder adquisitivo y cambio en los hábitos de compra.
Más allá de la pelea sectorial, el caso abre una pregunta de fondo sobre qué se considera realmente actividad hostelera en la España de hoy. Si la oferta de comida preparada en supermercados sigue creciendo, la presión sobre bares y restaurantes podría aumentar, especialmente en zonas urbanas y en franjas de consumo cotidiano. Para el cliente común, el debate se traduce en algo muy concreto: precios, oferta y la posible redefinición de un ecosistema comercial que durante décadas tuvo fronteras más claras que las de ahora.
