La JEP pide apoyo a dos mandatarios electos para blindar su presupuesto
Imagen: infobae
La JEP abrió un canal directo con dos figuras clave del debate político y económico en Colombia para blindar su financiación en medio de decisiones judiciales que aumentarán sus costos operativos. Alejandro Ramelli pidió una reunión con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para discutir el golpe presupuestal que viene tras las sentencias contra exjefes de las Farc.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) movió fichas para asegurar los recursos que necesitará en la nueva etapa de cumplimiento de sus fallos. Alejandro Ramelli, magistrado y presidente del tribunal transicional, envió una carta a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, ambos mandatarios electos, para proponer un encuentro institucional en el que se discutan los desafíos presupuestales que enfrenta el tribunal luego de las recientes sentencias contra antiguos jefes de las Farc.
Según informó infobae, la intención de Ramelli es abrir una conversación directa con quienes tendrán poder de decisión o influencia en el futuro inmediato, en momentos en que la JEP entra en una fase más costosa y políticamente sensible: ya no solo investiga y sanciona, sino que debe poner en marcha medidas de reparación, seguimiento y verificación que exigen más capacidad operativa, técnica y territorial. La preocupación de fondo no es menor. Sin recursos suficientes, la justicia transicional corre el riesgo de quedar atrapada entre decisiones históricas de alto impacto y una ejecución material limitada por el presupuesto.
El contexto explica la urgencia. Las sentencias contra excomandantes de las Farc no solo marcan un cierre simbólico de una parte del conflicto armado, sino que abren una etapa compleja de implementación en la que el Estado debe garantizar que las sanciones restaurativas, el monitoreo y las acciones asociadas realmente se cumplan. En ese escenario, la JEP necesita más que respaldo político: requiere plata, coordinación y una ruta clara para sostener su funcionamiento sin que la carga fiscal se convierta en excusa para debilitar el sistema. Por eso este acercamiento a mandatarios electos debe leerse como una jugada preventiva: la jurisdicción busca blindarse antes de que el problema presupuestal se vuelva una crisis institucional.
Para la opinión pública, el asunto también tiene una lectura de fondo. En Colombia, la justicia transicional ha sido una de las herramientas más discutidas del posconflicto, y cada vez que se habla de recursos reaparece la tensión entre el deber de cumplir lo pactado y la resistencia de sectores que cuestionan el costo de ese proceso. Lo que está en juego no es solo la capacidad de la JEP para operar en el corto plazo, sino la credibilidad del Estado frente a las víctimas y frente al país: una justicia que sentencia pero no puede ejecutar termina perdiendo fuerza política y legitimidad social. La reunión que propone Ramelli, entonces, puede convertirse en una prueba temprana de si las nuevas autoridades están dispuestas a sostener, con presupuesto y voluntad, una de las piezas centrales del acuerdo de paz.
