Duque dice que la JEP sigue en deuda con Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
Iván Duque volvió a cuestionar la Jurisdicción Especial para la Paz y sostuvo que ese tribunal sigue sin cumplirle al país. El expresidente también puso el foco en los reparos y retos que dejó el acuerdo con las Farc, un debate que sigue definiendo la política colombiana.
Iván Duque reabrió uno de los debates más sensibles del posacuerdo al afirmar que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sigue en deuda con Colombia. El expresidente puso el señalamiento sobre una institución que nació para juzgar los crímenes del conflicto armado, pero que todavía enfrenta críticas por su ritmo, sus decisiones y la manera en que ha resuelto casos emblemáticos que siguen bajo la lupa de víctimas, sectores políticos y antiguos combatientes.
Según informó El Tiempo - Política, Duque habló además de los reparos y de los retos que dejó lo acordado con las Farc antes de su gobierno, una referencia que vuelve a mostrar la fractura política que nunca terminó de cerrarse tras la firma del Acuerdo de Paz. El exmandatario ha sido uno de los críticos más persistentes de la implementación, especialmente en lo relacionado con justicia, verdad y reparación, y su mensaje encaja con una visión que sigue encontrando eco en parte del uribismo y de quienes consideran que el Estado cedió demasiado sin garantías suficientes de sanción efectiva.
La discusión no es menor. La JEP se convirtió en el principal mecanismo de justicia transicional en Colombia y, por tanto, en una pieza clave para medir si el país logra pasar de la guerra a una paz institucionalmente creíble. Sus detractores la acusan de lentitud y de ofrecer beneficios demasiado amplios; sus defensores sostienen que juzga hechos complejos, con miles de víctimas y décadas de ocultamiento, y que sin ese modelo habría sido imposible avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades. En ese choque de visiones, las palabras de Duque reactivan una pelea de fondo: si el acuerdo con las Farc ha producido más verdad y justicia o si, por el contrario, dejó vacíos que aún pesan sobre la legitimidad del proceso.
Lo que está en juego no es solo una discusión jurídica, sino política y social. Para las víctimas, la expectativa sigue siendo que el sistema responda con resultados verificables y sanciones que no se queden en el papel. Para el resto del país, el debate toca una pregunta incómoda: qué tan sostenible es una paz que todavía divide tanto a los colombianos casi una década después de firmada. En un escenario donde el conflicto mutó, pero no desapareció, cada crítica a la JEP también funciona como termómetro de la inconformidad con la forma en que Colombia ha administrado su transición hacia la paz.




