La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria y ordenó recalcular haberes
Imagen: infobae
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el mecanismo de movilidad de la Ley 27.609 y sostuvo que provocó una caída del 46,83% en el poder de compra de una jubilada. El fallo ordena recalcular los haberes y pone bajo presión al sistema previsional argentino.
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el mecanismo de actualización de la Ley 27.609 y le dio la razón a una jubilada que demandó a la ANSES por la fuerte pérdida de poder adquisitivo acumulada durante su aplicación. Según informó infobae, la Sala II concluyó que esa fórmula terminó licuando los haberes y determinó que el recálculo debe tomar como referencia un esquema que repare el daño sufrido por la beneficiaria.
De acuerdo con la resolución, el tribunal entendió que la movilidad previsional prevista por esa norma derivó en una caída del 46,83% en términos reales para la jubilada que impulsó el reclamo. El fallo no solo cuestiona el diseño técnico de la ley, sino también su impacto concreto sobre una población que depende casi por completo del haber mensual para sostener gastos básicos en un contexto de inflación persistente.
El caso golpea en el centro del debate previsional argentino: cómo actualizar jubilaciones sin convertirlas en una variable de ajuste cuando la economía se desordena. La Ley 27.609 fue impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora queda bajo severo escrutinio judicial por los efectos que produjo en el bolsillo de los adultos mayores. Más allá de este expediente puntual, la decisión abre la puerta a nuevos reclamos y puede tensionar aún más la relación entre el Poder Judicial, la ANSES y el esquema de financiamiento de la seguridad social.
El alcance político y económico del fallo es evidente. En un país donde buena parte de los jubilados vive al límite, cualquier decisión sobre movilidad previsional termina teniendo consecuencias inmediatas en consumo, medicamentos y calidad de vida. Por eso esta sentencia no es solo un revés jurídico para el Estado: también es una señal de alarma sobre la fragilidad del sistema y sobre el costo social que deja una fórmula de actualización cuando la inflación corre mucho más rápido que los haberes.
