La justicia de la UE avala amnistiar a los CDR y abre paso al cierre del caso
Imagen: El País
El Tribunal de Justicia de la UE avaló la amnistía para los 12 CDR procesados por terrorismo en el marco del ‘procés’, y dejó vía libre a que la Audiencia Nacional cierre uno de los casos más sensibles del independentismo. La decisión supone un giro judicial con fuerte impacto político en Cataluña y en el debate sobre los límites de la medida de gracia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado luz verde a que la amnistía alcance a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo en el contexto del ‘procés’, una resolución que en la práctica despeja el camino para que la Audiencia Nacional aplique la medida de gracia. Para los acusados, la decisión llega como una descompresión después de años de una causa que se convirtió en uno de los frentes judiciales más delicados del independentismo catalán. Para el Estado español, el fallo supone otro paso en la compleja normalización jurídica y política derivada del conflicto territorial de 2017.
La sentencia europea no entra a reescribir la política española, pero sí fija un marco que limita la capacidad de los tribunales para bloquear la amnistía en este caso concreto. En términos prácticos, el fallo refuerza la posición de quienes sostienen que la medida aprobada por el Gobierno debe tener un alcance amplio, incluso cuando se trata de acusaciones tan graves como terrorismo, siempre que los hechos encajen dentro de los parámetros legales definidos por la norma. La Audiencia Nacional, que mantenía suspendido el procedimiento mientras esperaba el criterio europeo, queda ahora en disposición de levantar esa paralización y resolver si extingue la causa.
La importancia del pronunciamiento va más allá de estos 12 encausados. La amnistía ha sido uno de los ejes más polémicos de la legislatura en España porque conecta derecho, negociación política y memoria del conflicto independentista. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, su aprobación fue una pieza central para recomponer mayorías parlamentarias; para sus detractores, una concesión inaceptable a los responsables del desafío secesionista. Con este aval europeo, el debate se desplaza de nuevo desde la retórica política al terreno de los tribunales, donde cada resolución puede marcar el alcance real de la ley. Y eso importa no solo en Barcelona o Madrid: también en Bruselas, porque el caso vuelve a mostrar hasta qué punto la UE puede influir en la solución —o en la prolongación— de conflictos internos de sus Estados miembros.
En el corto plazo, el siguiente movimiento estará en manos de la Audiencia Nacional, que deberá aplicar la interpretación derivada del TJUE y decidir el cierre formal o parcial de la causa. Si eso ocurre, el impacto será doble: por un lado, reducirá la presión judicial sobre los CDR; por otro, alimentará de nuevo la batalla política sobre si la amnistía está cerrando heridas o simplemente trasladando el conflicto a otro escenario. En Cataluña, donde la memoria del ‘procés’ sigue muy viva, cada avance de esta magnitud se lee menos como un trámite técnico y más como una señal del rumbo que tomará la relación entre el independentismo, el Estado y la justicia europea.
