La Ley del Cine avanza con Junts y el Gobierno sube la apuesta fiscal para cerrarla este año
Imagen: El País
La Ley del Cine ha desbloqueado su camino parlamentario con el apoyo de Junts y tras sortear el veto de PP y Vox. Cultura promete elevar los incentivos fiscales al máximo permitido por la UE para asegurar su aprobación antes de fin de año.
El Gobierno ha conseguido sacar del atasco la Ley del Cine, una reforma que llevaba meses encallada entre la negociación política y las presiones del sector. Con el respaldo de Junts y después de superar el bloqueo impulsado por PP y Vox, el texto entra en una fase decisiva con la meta de quedar aprobado antes de que termine el año. En paralelo, el Ministerio de Cultura ha anunciado que elevará los incentivos fiscales al máximo que permite la Unión Europea, una señal clara de que el Ejecutivo quiere blindar el proyecto con una herramienta que en la industria audiovisual se considera clave para atraer rodajes, inversión y producción.
La medida no es menor. En un mercado cada vez más competitivo, donde los países compiten por captar rodajes con ventajas fiscales, seguridad jurídica y agilidad administrativa, España intenta consolidar una posición que ya le ha permitido crecer en los últimos años como destino audiovisual. El aumento de los incentivos puede traducirse en más proyectos internacionales y en una mayor actividad para estudios, técnicos, proveedores y pequeñas empresas vinculadas al sector. Pero el verdadero pulso político de la ley está en otro punto: la definición de productor independiente, el principal escollo que sigue generando fricción con parte de la industria y que será afinado durante la tramitación parlamentaria.
Ahí está el centro del debate. No se trata solo de una discusión técnica, sino de una pelea por el reparto del poder dentro del sector y por el acceso a ayudas, financiación y reconocimiento institucional. Según ha planteado el Gobierno, la norma busca dar estabilidad al ecosistema audiovisual y adaptarlo a una realidad marcada por las plataformas, la concentración empresarial y la internacionalización de las producciones. Para las compañías más pequeñas, la letra de esa definición puede determinar si tienen margen para competir o si quedan relegadas frente a grupos con mayor músculo financiero. Para las grandes, el riesgo es que una regulación demasiado amplia distorsione el mapa de incentivos y diluya el objetivo de apoyar a quienes realmente asumen el riesgo creativo e industrial.
El avance de la ley revela, además, algo más amplio que una simple reforma sectorial: la voluntad del Ejecutivo de cerrar un frente cultural antes de que el calendario político vuelva a tensarse. En un Congreso fragmentado, cada apoyo cuenta y cada concesión deja huella. Que Junts se haya sumado al desbloqueo y que el Gobierno haya optado por elevar los incentivos al tope europeo indica que la negociación no solo se libra en el plano cultural, sino en el de la gobernabilidad. Si la ley sale adelante, el impacto se sentirá mucho más allá de Madrid: en los territorios donde se ruedan películas y series, en los empleos que dependen de esa cadena y en la capacidad del país para seguir compitiendo en una industria global que mueve dinero, empleo e influencia.
