La Seguridad Social tropieza con su propia promoción interna: solo 27 aprobados para 1.000 plazas

La promoción interna en la Seguridad Social ha vuelto a quedar en evidencia como un cuello de botella que frustra a los propios trabajadores del organismo. En la última convocatoria, apenas 27 funcionarios lograron aprobar para casi 1.000 plazas ofertadas, un resultado que deja al descubierto la distancia entre la oferta pública y la capacidad real del sistema para permitir ascensos dentro de la administración. UGT, uno de los sindicatos con más peso en el sector, ha aprovechado el dato para exigir un cambio profundo en el modelo de oposición reservado a quienes ya forman parte de la institución.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más visible: la llamada promoción interna, que en teoría debería servir para retener talento y reconocer experiencia acumulada, termina convirtiéndose en una carrera de obstáculos para empleados que ya conocen el funcionamiento cotidiano del organismo. Según la información difundida por El País, la desproporción entre las plazas convocadas y los aprobados refleja una estructura de acceso que, más que facilitar el ascenso profesional, lo bloquea. Para los trabajadores, esto significa estancamiento; para la Administración, una señal de alarma sobre la eficacia con la que gestiona su propio capital humano.

Este episodio importa más allá de una simple estadística de oposición porque pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre cómo se organiza el empleo público en España: si los procesos selectivos están diseñados para garantizar mérito y capacidad o si, en la práctica, terminan castigando a quienes ya sostienen el servicio día a día. Cuando una institución como la Seguridad Social no consigue cubrir ni una pequeña parte de sus plazas de promoción interna, el efecto no se limita al malestar sindical. También afecta la movilidad laboral, la motivación de la plantilla y, en última instancia, la calidad de la atención que reciben millones de ciudadanos que dependen de sus oficinas y trámites.

UGT sostiene que el modelo actual debe revisarse para adaptarlo a quienes ya han demostrado experiencia en el organismo, una demanda que encaja con un debate más amplio sobre la modernización de la administración pública. El Gobierno tendrá que decidir si mantiene un sistema que arroja resultados tan pobres o si abre la puerta a fórmulas más flexibles y ajustadas a la realidad de la plantilla. Lo que está en juego no es solo cuántas plazas se cubren, sino qué incentivos ofrece el Estado a sus propios funcionarios para crecer sin abandonar el servicio público.