La ONU advierte riesgos en el decreto sobre protestas en Colombia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La ONU encendió las alarmas por el nuevo decreto sobre protestas en Colombia y advirtió que podría abrir la puerta a un mayor uso de la fuerza policial. El organismo pidió reglas más claras para separar las conductas violentas de las manifestaciones pacíficas.
La ONU advirtió que el nuevo decreto sobre protestas en Colombia puede terminar facilitando el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones, una señal de preocupación que vuelve a poner el foco sobre el delicado equilibrio entre orden público y derecho a la protesta. El organismo internacional cuestionó, en particular, los criterios previstos para cerrar los diálogos con los participantes y pidió que el Estado distinga con mayor precisión entre quienes actúan de forma violenta y quienes ejercen su derecho de manera pacífica.
Según informó El Tiempo (Colombia), la observación de Naciones Unidas apunta a un punto sensible: cuando las reglas no separan con claridad las conductas de unos y otros, el margen de interpretación queda en manos de las autoridades en calle, justo donde suelen escalar los abusos y las decisiones apresuradas. En un país con una larga historia de movilizaciones sociales, tensiones con la fuerza pública y denuncias por uso excesivo de la fuerza, cualquier ajuste normativo sobre protestas no es un detalle técnico sino una decisión con impacto directo en derechos fundamentales.
El debate importa porque Colombia sigue siendo un escenario donde la protesta social ha tenido peso político real, desde el paro nacional hasta las movilizaciones regionales y estudiantiles. Para amplios sectores de la población, especialmente jóvenes, comunidades rurales y organizaciones sociales, las reglas sobre manifestación pueden definir si marchar es un ejercicio protegido o una actividad expuesta a la dispersión, la sanción o la estigmatización. La advertencia de la ONU sugiere además que el Ejecutivo deberá explicar mejor cómo piensa garantizar que la respuesta estatal no termine castigando la protesta legítima junto con los hechos violentos que sí deben ser controlados.
En el fondo, la discusión trasciende el decreto puntual: habla de qué tipo de relación quiere construir el Estado con la ciudadanía movilizada. Si las autoridades no afinan los límites, el costo puede sentirse en la calle, donde una mala interpretación puede convertir una protesta pacífica en un episodio de confrontación. Y eso, en Colombia, no solo afecta a los manifestantes; también determina el estándar democrático con el que se mide el poder policial frente a la disidencia social.
