La patronal aprieta al Gobierno por el aumento de las bajas laborales
Imagen: El País
La patronal española está elevando la presión sobre el Gobierno para frenar el aumento de las bajas laborales, en medio de una negociación con sindicatos que sigue prácticamente estancada. El retraso en aplicar la única gran medida pactada agrava un problema que ya impacta a empresas, administraciones y trabajadores.
La patronal ha decidido subir el tono y exigir al Gobierno una respuesta más decidida ante el aumento de las bajas laborales, un fenómeno que ya está tensionando la actividad empresarial y la gestión pública. El mensaje llega en un momento especialmente incómodo para el Ejecutivo: la negociación con sindicatos avanza con lentitud y la principal medida acordada hasta ahora ni siquiera se está desplegando de forma homogénea, porque la mayoría de comunidades gobernadas por el PP no la están aplicando con la agilidad prevista.
Según informó El País, el diálogo entre empresarios y sindicatos está prácticamente atascado, sin avances significativos en una materia que combina salud laboral, costes económicos y capacidad de organización de las empresas. La patronal considera que el incremento de las bajas no puede tratarse como una estadística más, porque detrás hay una factura creciente para compañías, mutuas, servicios públicos y, en última instancia, para el empleo. El problema no es solo el volumen de ausencias, sino el tiempo que los expedientes permanecen abiertos y la falta de medidas eficaces para agilizar diagnósticos, tratamientos y reincorporaciones cuando corresponde.
El trasfondo es más profundo de lo que parece. España arrastra desde hace años un debate abierto sobre el absentismo y la saturación del sistema de incapacidad temporal, pero la discusión suele quedar atrapada entre dos lecturas opuestas: la empresarial, que reclama control y eficiencia, y la sindical, que advierte contra cualquier intento de confundir bajas médicas con fraude o de trasladar la presión sobre quienes realmente están enfermos. En ese terreno, la lentitud política pesa mucho. Si la única gran política ya pactada no se desarrolla de manera efectiva en buena parte del país, el acuerdo pierde credibilidad y la negociación queda reducida a declaraciones sin impacto práctico. Para el Gobierno, el desafío es doble: demostrar capacidad de gestión y evitar que la disputa se convierta en otra batalla territorial entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos del PP.
Lo que está en juego no es menor. Un aumento sostenido de las bajas laborales afecta a la productividad, encarece la organización interna de las empresas y termina repercutiendo también en el bolsillo de todos a través del sistema público. Pero la solución no pasa por fórmulas rápidas ni por culpabilizar a los trabajadores. Exige coordinación entre administraciones, revisión de procedimientos y una negociación seria que hasta ahora no ha logrado despegar. Si el Gobierno no acelera y las comunidades siguen frenando la aplicación de lo ya pactado, el conflicto seguirá creciendo al mismo ritmo que las bajas que pretende contener.
