El pulso del PP bloquea el traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta
Imagen: El País
El traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península quedó atrapado en un pulso político entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP. La decisión depende ahora de que Juan Vivas avale una vía para esquivar el bloqueo regional.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha topado con un nuevo obstáculo en su intento de sacar de Ceuta a unas 500 niñas migrantes que siguen bajo tutela en la ciudad autónoma. La operación, diseñada para aliviar la presión sobre el sistema de protección ceutí y repartir la acogida entre otras comunidades, ha quedado frenada por la resistencia de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que se han alineado para bloquear cualquier reparto que consideren impuesto desde Madrid. En este escenario, el Ministerio de Juventud e Infancia aguarda el visto bueno de Juan Vivas, presidente de Ceuta y figura clave del PP, para explorar una fórmula que permita sortear ese veto político sin abrir una guerra institucional todavía mayor.
La cifra no es menor: se trata de unas 500 menores, todas niñas, cuya situación vuelve a poner sobre la mesa la sobrecarga crónica de Ceuta como frontera sur de Europa. Según ha venido trasladando el Ejecutivo, la salida de estas menores responde a una lógica de protección y de distribución más equilibrada de recursos, pero la iniciativa ha chocado con la estrategia del PP en varias comunidades, que rechazan asumir nuevos traslados si no hay un acuerdo más amplio y reglas comunes. La postura de los barones populares complica una gestión que, en teoría, debía ser técnica y humanitaria, pero que en la práctica se ha convertido en un nuevo frente de confrontación territorial entre el Estado y las autonomías.
Este bloqueo dice mucho más que un simple desacuerdo administrativo. Ceuta lleva años funcionando al límite en materia de acogida de menores migrantes, con plazas insuficientes y un sistema que depende demasiado de decisiones improvisadas cuando llega una nueva presión en la frontera. La cuestión de fondo no es solo dónde reubicar a estas niñas, sino quién asume el coste político de hacerlo. En un país donde la migración se ha convertido en munición partidista, cada traslado acaba midiendo la capacidad del Gobierno para imponer una política de Estado y la disposición de las autonomías a compartir responsabilidades. Si Vivas da luz verde a una salida jurídica o administrativa, el Ejecutivo ganará algo de margen; si no, la paralización puede prolongarse y dejar otra vez a Ceuta cargando en solitario con una crisis que es, en realidad, de todo el país.
