Las listas de espera agravan las bajas laborales y señalan a las comunidades autónomas
Imagen: El País
La AiReF ha puesto números a una sospecha que venía creciendo en el sistema sanitario español: donde las listas de espera se alargan, también lo hacen las bajas laborales. El vínculo entre incapacidad temporal y demoras quirúrgicas vuelve a señalar el peso de la gestión autonómica en la salud y en la economía.
La relación entre las bajas laborales y las listas de espera sanitarias ha dejado de ser una intuición para convertirse en un indicador incómodo para las comunidades autónomas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) ha constatado que la duración de la incapacidad temporal se alarga en los territorios donde la espera para operarse es mayor, una conclusión que refuerza una advertencia que también viene defendiendo el Consejo de Graduados Sociales: la lentitud del sistema sanitario no solo castiga al paciente, también tiene un coste directo en empleo, productividad y gasto público.
El hallazgo importa porque pone en la misma ecuación dos problemas que suelen analizarse por separado. Por un lado, las listas de espera quirúrgicas, que reflejan la capacidad real de respuesta de cada servicio de salud autonómico. Por otro, las bajas laborales, que afectan a empresas, trabajadores y a la Seguridad Social. Si una persona tarda más en acceder a una intervención o a un diagnóstico, su recuperación se alarga y, con ella, el tiempo fuera del puesto de trabajo. Eso es precisamente lo que señala la AiReF al cruzar ambas variables, en un diagnóstico que apunta a diferencias territoriales muy marcadas dentro del sistema español.
El mensaje es políticamente sensible porque coloca a las comunidades autónomas en el centro del problema. La sanidad está descentralizada, pero sus consecuencias económicas no se quedan en la administración regional: se trasladan al conjunto del país. Cuando una autonomía acumula demoras, el impacto no solo se mide en camas, quirófanos o citas pendientes, sino también en días de baja, en presión sobre las empresas y en más gasto para un sistema que ya soporta tensiones estructurales por envejecimiento, falta de profesionales y una demanda asistencial al alza. En otras palabras: la gestión sanitaria no es un asunto administrativo, sino una variable económica de primer orden.
La advertencia también abre un debate de fondo sobre cómo se está midiendo la eficiencia del sistema. Reducir las listas de espera no es solo una cuestión de imagen política o de mejora asistencial; puede convertirse en una de las palancas más directas para acortar bajas laborales y aliviar costes asociados. Si los datos de la AiReF se consolidan, el margen de maniobra para los gobiernos autonómicos será menor: o aceleran la respuesta sanitaria o asumirán que la factura de la ineficiencia seguirá apareciendo, de forma silenciosa pero constante, en los registros de incapacidad temporal.
