Lalis denuncia amenazas de muerte tras respaldar a Iván Cepeda
Imagen: infobae colombia
La congresista electa Lalis denunció una llamada intimidatoria y amenazas de muerte tras expresar su respaldo a Iván Cepeda. El episodio reabre el debate sobre la violencia política en Colombia y el deterioro del clima democrático.
La activista y creadora de contenido Lalis, quien obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá con el Pacto Histórico, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de manifestar públicamente su apoyo al candidato Iván Cepeda. Según informó infobae colombia, la dirigente relató que la intimidación llegó en forma de llamada telefónica y la vinculó con su posición política, un episodio que vuelve a poner sobre la mesa el costo de participar en el debate público en Colombia cuando la polarización deja de ser disputa ideológica y empieza a rozar la violencia.
De acuerdo con la información conocida, la congresista electa expresó además su preocupación por mensajes y actitudes de algunos simpatizantes de Abelardo de la Espriella, a quienes señaló por alimentar un ambiente hostil alrededor de la campaña y de las posiciones políticas que ella ha defendido. El punto central no es solo el ataque en sí, sino el contexto en el que ocurre: una figura que pasó de las redes sociales a la representación legislativa se convierte en blanco de intimidación por opinar sobre la contienda presidencial. En un país con una historia larga de agresiones contra líderes políticos y sociales, ese tipo de amenazas no puede leerse como un hecho aislado ni como un exceso retórico de redes.
Lo que revela este caso es algo más amplio y más preocupante: la normalización de la agresión como respuesta a la diferencia. Colombia ha vivido durante décadas con un repertorio de violencia política que ha golpeado a candidatos, líderes comunitarios, activistas y militantes de todos los sectores. Aunque hoy el escenario es distinto al de otras épocas más crudas, la lógica persiste cuando ciertos sectores convierten la confrontación electoral en señalamiento personal. Por eso importa lo que denunció Lalis: porque el problema ya no es únicamente quién gana o pierde una elección, sino qué tan seguro resulta expresar una opinión en público sin convertirse en objetivo.
El caso también expone la vulnerabilidad de quienes, como ella, construyeron una audiencia desde la esfera digital y terminaron dando el salto a la representación institucional. Ese tránsito amplifica su exposición: ya no hablan solo como influenciadores o activistas, sino como actores políticos con capacidad de incidir en el debate nacional. Si las denuncias se confirman y las autoridades no actúan con rapidez, el mensaje para el resto de líderes y ciudadanos sería nefasto: que el precio de participar puede ser el miedo. Y en una democracia que todavía intenta cerrar la brecha entre la contienda política y la convivencia, esa es una línea que no conviene cruzar.
