Carrillo alerta por presiones en contratos de la UNGRD y cuestiona control de Pava

Carlos Carrillo volvió a poner bajo la lupa la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al advertir sobre posibles presiones alrededor de los contratos cuando al gobierno le restan apenas 15 días. El exfuncionario no solo encendió las alarmas por el momento en que se están tomando decisiones sensibles, sino que además cuestionó que el director encargado, Javier Pava, termine concentrando el control de la contratación en una entidad que maneja recursos estratégicos y altamente sensibles para la atención de emergencias en Colombia.

Según informó El Tiempo - Política, Carrillo planteó que la discusión no es menor porque la UNGRD administra contratos que pueden tener un impacto directo en la respuesta del Estado frente a inundaciones, deslizamientos, incendios y otras emergencias que golpean con fuerza a regiones enteras. En ese contexto, cualquier sospecha de presión política o de concentración excesiva de poder contractual despierta dudas sobre la transparencia en la toma de decisiones. Su señalamiento se suma a un ambiente ya cargado de desconfianza alrededor de la entidad, que en los últimos meses ha estado en el centro del debate público por cuestionamientos a la forma en que se manejan sus recursos y sus procesos internos.

Lo que está en juego va más allá de una disputa entre funcionarios. En Colombia, la contratación pública suele convertirse en el termómetro más sensible para medir la calidad real del Estado, especialmente en entidades que operan bajo urgencia y con poca visibilidad ciudadana. La UNGRD es precisamente una de esas instituciones: cuando funciona bien, evita tragedias y reduce daños; cuando falla, las consecuencias se sienten en municipios vulnerables que dependen de decisiones rápidas, limpias y técnicamente justificadas. Por eso importa tanto la advertencia de Carrillo: porque abre la puerta a preguntar quién decide, con qué controles y bajo qué garantías en los últimos días de una administración que deja pendientes y una transición que puede profundizar incertidumbres.

El trasfondo político también es evidente. A pocos días de que cambie el mapa de poder en el Ejecutivo, cualquier movimiento contractual en una entidad como la UNGRD adquiere un peso mayor, no solo por el monto de los recursos sino por la posibilidad de que se tomen decisiones apuradas o con intereses cruzados. Si las alertas de Carrillo terminan respaldadas por hechos verificables, el asunto podría escalar más allá de una denuncia puntual y convertirse en otro capítulo de la discusión sobre el uso del Estado como botín administrativo. Para la ciudadanía, el mensaje es incómodo pero necesario: en Colombia, la pregunta no es solo si hay recursos para responder a las emergencias, sino si esos recursos se están protegiendo de la presión política y del desgaste de fin de gobierno.