Secuestro de un patrullero en Nariño revela otra vez el poder armado en las vías

El secuestro del patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, ocurrido en una vía de Nariño, volvió a poner en evidencia el riesgo que enfrentan los uniformados en uno de los departamentos más golpeados por la violencia armada. El policía completa ya más de 24 horas privado de la libertad, mientras las autoridades condenan el hecho y reclaman su pronta liberación, en un episodio que refleja la fragilidad de la seguridad en corredores donde siguen operando estructuras ilegales con capacidad de intimidación y retención.

Según informó El Tiempo (Colombia), el caso generó sospechas entre los captores luego de que el celular del uniformado quedara apagado, un detalle que habría levantado alertas en medio de las circunstancias que rodearon su retención. Aunque no se han revelado todos los elementos de la operación, el hecho confirma que la movilidad por las carreteras de Nariño continúa marcada por el control territorial de actores armados, que vigilan, interrogan y filtran movimientos con una lógica de dominación local. La reacción institucional ha sido inmediata: voces oficiales han rechazado el secuestro y han insistido en que se respete la vida e integridad del patrullero.

Este caso no es un episodio aislado. Nariño ha sido durante años una de las regiones más sensibles del conflicto colombiano por su ubicación estratégica, su cercanía a la frontera con Ecuador y su papel como corredor para economías ilegales, especialmente el narcotráfico. En ese contexto, secuestrar a un policía no solo tiene valor de presión sobre la fuerza pública, sino también un mensaje político y criminal: demostrar que todavía hay zonas donde la autoridad del Estado puede ser desafiada con facilidad. Para la ciudadanía, eso se traduce en más miedo, más control armado sobre las carreteras y una sensación de vulnerabilidad que castiga sobre todo a quienes dependen del transporte terrestre para trabajar, estudiar o abastecerse.

La prioridad ahora es la liberación sana y salva de Pístala Garrido, pero el fondo del asunto va mucho más allá de un solo secuestro. Mientras el Estado no logre recuperar presencia efectiva y sostenida en estos corredores, los uniformados seguirán siendo objetivos de alto valor para grupos ilegales que buscan imponer reglas propias. Y cada caso como este recuerda que en Nariño la disputa no es solo por rutas o territorios: también lo es por quién manda realmente en las carreteras donde se mueve buena parte de la vida cotidiana del suroccidente colombiano.