Gobierno defiende pilotos con glufosinato en Putumayo, pero bajo شرطes de la Corte

El Gobierno de Abelardo De La Espriella salió a blindar políticamente los pilotos de aspersión con glufosinato en Putumayo, una medida que reabre una de las discusiones más sensibles de la política antidrogas en Colombia: cómo enfrentar los cultivos ilícitos sin repetir los errores del pasado. Según informó El Tiempo - Política, el ministro Iván Cancino encabezó la defensa de la iniciativa y dejó claro que no se pondrá en marcha si no se cumplen las condiciones establecidas por la Corte, un mensaje que busca contener las críticas sobre los riesgos ambientales, sanitarios y jurídicos de esta estrategia.

La explicación oficial apunta a que no se trata de una reactivación automática ni de un cheque en blanco para volver a fumigar, sino de un esquema condicionado a los criterios judiciales. En el fondo, el Gobierno intenta demostrar que su apuesta no desconoce las restricciones que han marcado durante años el debate sobre la aspersión aérea. Putumayo, además, no es un territorio cualquiera: es uno de los departamentos más golpeados por la economía cocalera, por la presencia de grupos armados y por la débil capacidad estatal para sostener una intervención integral que combine sustitución, seguridad y desarrollo rural.

Pero la defensa de la medida no resuelve la pregunta de fondo: si esta herramienta puede tener efectividad real sin volver a chocar con la evidencia acumulada sobre sus impactos. El uso de glufosinato revive temores en comunidades campesinas e indígenas que han cargado durante décadas con decisiones tomadas desde Bogotá y que suelen pagarse en el territorio con desconfianza institucional y conflictos sociales. También plantea un dilema político mayor para el Gobierno: mostrar resultados rápidos contra las economías ilícitas o sostener una estrategia más lenta, costosa y territorialmente compleja. En esa tensión se juega buena parte de la credibilidad de la política antidrogas.

Lo que ocurra en Putumayo será observado con lupa dentro y fuera del país, porque cualquier piloto no solo tendrá efecto sobre una región estratégica, sino que puede marcar el rumbo de la discusión nacional sobre el regreso de la aspersión. Si el Ejecutivo consigue cumplir las exigencias de la Corte, tendrá un argumento para defender la medida. Si no, el anuncio podría quedarse como una nueva promesa atrapada entre la presión por resultados y los límites legales que el Estado colombiano no ha podido ignorar.