Ley anticapuchos avanza en la Cámara y abre debate sobre protesta y vandalismo
Imagen: El Tiempo - Política
La Cámara de Representantes dio el primer paso para sacar adelante la llamada ley anticapuchos, una iniciativa que busca castigar a quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos en manifestaciones públicas. El proyecto ahora entra en una fase clave, donde enfrentará el debate jurídico y político sobre el límite entre protesta y delito.
La llamada ley anticapuchos avanzó este martes en el Congreso colombiano tras superar su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un paso que le da oxígeno a una iniciativa polémica que busca sancionar penalmente a quienes cubran su rostro con el fin de cometer actos vandálicos durante protestas y manifestaciones públicas. El mensaje político es claro: el Legislativo quiere endurecer el trato a quienes usan las movilizaciones como cobertura para destruir bienes, agredir a otros o alterar el orden público.
De acuerdo con lo discutido en la Comisión Primera, la propuesta no apunta a prohibir la protesta social ni a restringir el derecho a manifestarse, sino a perseguir a quienes, bajo una identidad oculta, cometen delitos en el marco de una movilización. Ese matiz es crucial, porque el proyecto toca una de las líneas más sensibles del debate público en Colombia: cómo diferenciar entre el ejercicio legítimo de la protesta y el accionar de grupos que aprovechan las marchas para sembrar caos, intimidar o atacar infraestructura y ciudadanos.
El avance del proyecto no es menor. En Colombia, la discusión sobre el uso de capuchas, máscaras o elementos que impiden identificar a los asistentes a una protesta suele reactivarse cada vez que una movilización termina en disturbios. Sus defensores argumentan que se necesita una herramienta legal más precisa para individualizar responsabilidades y reducir la impunidad frente al vandalismo. Sus críticos, en cambio, advierten que una norma de este tipo puede terminar abriendo la puerta a abusos, interpretaciones amplias o estigmatización de la protesta social, especialmente en contextos de alta tensión política y desconfianza institucional. Por eso, lo que viene en los siguientes debates será decisivo: el Congreso tendrá que demostrar si puede construir una fórmula que castigue el delito sin criminalizar la movilización ciudadana.
En términos prácticos, el proyecto todavía tiene un camino largo antes de convertirse en ley, pero su aprobación en primer debate ya marca una tendencia: el Congreso está respondiendo a la presión de sectores que reclaman mayor control frente a los desmanes en las calles. La pregunta de fondo es si la iniciativa logrará equilibrio o si terminará convirtiéndose en otro frente de choque entre seguridad, libertades civiles y derecho a la protesta en Colombia.
