Linares, Nariño: incendios, control armado y una emergencia que deja al Estado al margen
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados ilegales que operan en Linares, Nariño, permitir el ingreso de los organismos de socorro en medio de una emergencia por incendios. El llamado revela el nivel de control que mantienen esos actores sobre un municipio atrapado entre la violencia y la falta de respuesta estatal.
La emergencia en Linares, Nariño, volvió a exponer una realidad que Colombia conoce demasiado bien: en varias zonas del país, ni siquiera el socorro puede entrar libremente cuando mandan los grupos armados ilegales. En medio de los incendios que afectan al municipio, la Defensoría del Pueblo pidió que se garantice el acceso de los organismos de ayuda, un llamado que en sí mismo deja ver la gravedad del control territorial y el riesgo al que están sometidos habitantes y rescatistas.
El pronunciamiento llega cuando el alcalde de Linares reconoce que el municipio atraviesa momentos muy difíciles, atrapado entre las llamas y la presencia de actores armados que condicionan la movilidad y la atención de emergencias. La solicitud de la Defensoría no es un gesto menor: implica admitir que, en pleno siglo XXI, la capacidad del Estado para responder a una crisis humanitaria depende de la autorización de quienes ejercen violencia en el territorio. Eso no solo agrava la situación de las comunidades afectadas, sino que aumenta la vulnerabilidad de quienes intentan apagar incendios, evacuar familias o atender heridos.
Lo que ocurre en Linares no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite en regiones donde confluyen disputa armada, abandono institucional y economías ilegales. Nariño ha sido durante años uno de los departamentos más golpeados por la presencia de grupos armados, corredores estratégicos del narcotráfico y episodios recurrentes de emergencia ambiental y humanitaria. Cuando un incendio se suma a esa ecuación, el resultado es una población doblemente cercada: por un lado, por la amenaza de las llamas; por el otro, por la intimidación de estructuras ilegales que deciden quién entra y quién sale. En la práctica, eso convierte una contingencia natural en una crisis de orden público y de derechos humanos.
La advertencia de la Defensoría también debería leerse como una alerta sobre la fragilidad del Estado en muchas zonas rurales. No se trata solo de apagar un incendio, sino de garantizar que la ayuda llegue sin intermediarios armados, que los habitantes puedan recibir atención oportuna y que las autoridades recuperen el control sobre territorios donde la legalidad parece cada vez más lejana. Si esa cadena falla, el costo lo pagan siempre los mismos: campesinos, familias desplazadas por la emergencia y comunidades que ven cómo la violencia y la precariedad se combinan para dejarlas solas frente al desastre.
