«Líos de faldas»: la polémica explicación del ministro de Defensa sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia
Omar RodríguezHace 8 años
as declaraciones de Luis Carlos Villegas, quien atribuyó numerosos homicidios de líderes sociales a conflictos personales, disputas por tierras y rentas ilícitas, provocaron el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Sus afirmaciones reabrieron una pregunta fundamental: ¿estaba el Gobierno colombiano reconociendo la dimensión de la violencia contra quienes defendían sus comunidades? Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente | Colombia | Derechos humanos y política 19 de julio de 2018
Mientras Colombia enfrenta una creciente preocupación por los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, han provocado cuestionamientos sobre la manera en que el Gobierno interpreta la violencia contra quienes ejercen liderazgo comunitario.
La controversia comenzó en diciembre de 2017, cuando el funcionario sostuvo que buena parte de estos crímenes estaba relacionada con disputas personales, conflictos por linderos, rentas ilícitas e incluso «líos de faldas».
La expresión generó rechazo entre organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y sectores que reclamaban mayores garantías de protección.
Lejos de ser una discusión exclusivamente sobre las palabras utilizadas por un funcionario, el episodio puso en evidencia una preocupación más profunda: el riesgo de reducir los asesinatos de líderes sociales a conflictos particulares sin investigar suficientemente su posible relación con las actividades de defensa del territorio, la reclamación de derechos y la participación comunitaria.
Las declaraciones que desataron la controversia
Durante una entrevista concedida a Noticias Uno en diciembre de 2017, el ministro Luis Carlos Villegas planteó que los homicidios de líderes sociales respondían a diferentes causas.
Entre las explicaciones mencionó conflictos por linderos, disputas sentimentales, reivindicaciones y peleas relacionadas con economías ilícitas.
También sostuvo que no existía una organización única dedicada a asesinar líderes sociales.
Sus afirmaciones fueron cuestionadas por organizaciones que consideraron insuficiente esa interpretación frente a las amenazas y agresiones denunciadas en diferentes regiones del país.
Villegas reiteró posteriormente que los motivos de los asesinatos podían ser variados y afirmó que todos los casos preocupaban al Gobierno, independientemente de sus causas.
Sin embargo, esa aclaración no eliminó las críticas a su manera de caracterizar el problema.
¿Una explicación o una forma de minimizar la violencia?
Hablar de «líos de faldas» para referirse a asesinatos de líderes sociales plantea un problema que va mucho más allá del lenguaje.
Cada homicidio debe investigarse individualmente. Es posible que determinados crímenes tengan motivaciones personales y otros estén relacionados con disputas económicas, grupos armados o actividades de defensa de derechos.
Pero afirmar que una mayoría corresponde a conflictos particulares exige pruebas suficientes.
También exige explicar cómo se identificaron las motivaciones y qué investigaciones permitieron establecerlas.
Sin esa información, una declaración general puede contribuir a minimizar la percepción del riesgo que enfrentan quienes denuncian abusos, defienden territorios o reclaman derechos colectivos.
La responsabilidad de un ministro no consiste únicamente en ofrecer explicaciones sobre la violencia, sino en garantizar que sus afirmaciones estén respaldadas por investigaciones rigurosas.
La reacción de las organizaciones de derechos humanos
El 20 de diciembre de 2017, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), rechazó públicamente las declaraciones.
Las organizaciones consideraron que atribuir los asesinatos a «líos de faldas» podía restar gravedad a las amenazas contra personas dedicadas a defender derechos humanos.
También cuestionaron la respuesta institucional ante los homicidios y pidieron mayores garantías para el trabajo de los defensores.
El rechazo se sumó a las preocupaciones de organizaciones colombianas que venían denunciando amenazas, desplazamientos, agresiones y asesinatos contra líderes comunitarios.
Estas organizaciones advirtieron sobre la necesidad de analizar el contexto de violencia en los territorios y no limitar las investigaciones a explicaciones aisladas.
Los territorios donde defender derechos puede costar la vida
En distintas regiones de Colombia, los líderes sociales participan en procesos de restitución de tierras, defensa ambiental, reclamaciones de comunidades indígenas y afrodescendientes, protección de recursos naturales y exigencia de servicios públicos.
Su trabajo puede enfrentar intereses económicos, conflictos territoriales y la presencia de organizaciones armadas ilegales.
Eso no significa que todos los asesinatos de líderes tengan necesariamente una misma causa.
Pero sí obliga a investigar si existe una relación entre la actividad de la víctima y las amenazas que pudo haber recibido.
Cuando una persona denuncia el despojo de tierras, se opone a una actividad ilegal o reclama derechos para su comunidad, su liderazgo constituye un elemento relevante de cualquier investigación sobre amenazas o violencia en su contra.
Descartar anticipadamente esa posible relación puede dificultar la identificación de los responsables.
La Defensoría del Pueblo y las alertas sobre los asesinatos
En diciembre de 2017, la Defensoría del Pueblo había documentado 207 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos registrados desde enero de 2016, de acuerdo con las cifras divulgadas entonces.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que correspondía a la Fiscalía determinar las motivaciones y establecer si existían patrones en los asesinatos.
La diferencia entre estas posiciones resulta importante.
Una cosa es afirmar que los hechos pueden tener causas diversas.
Otra es determinar, mediante pruebas, qué proporción corresponde a cada motivación y si existen características comunes entre las víctimas, los territorios y los presuntos responsables.
La investigación judicial debe resolver esas preguntas sin presuponer una explicación única.
La obligación del Estado no termina con condenar los crímenes
El ministro Villegas sostuvo que el Gobierno rechazaba los asesinatos de líderes sociales y que las autoridades estaban preocupadas por la situación.
Sin embargo, la condena pública de los homicidios constituye apenas una parte de la responsabilidad estatal.
La protección de los defensores requiere identificar amenazas, responder oportunamente a las alertas, investigar los hechos y adoptar medidas que permitan a las comunidades continuar sus actividades.
También exige escuchar a las organizaciones que conocen los riesgos existentes en sus territorios.
Cuando un líder recibe amenazas por reclamar tierras, denunciar actividades criminales o exigir derechos, el Estado debe examinar esos antecedentes y actuar conforme a las circunstancias.
La prevención no puede limitarse a reaccionar después de un asesinato.
El peligro de responsabilizar indirectamente a las víctimas
Una de las principales críticas a las declaraciones del ministro está relacionada con la interpretación que puede darse a los motivos de los asesinatos.
Si el discurso oficial insiste en atribuir numerosos crímenes a conflictos personales sin exponer suficientemente las pruebas, existe el riesgo de desviar la atención de posibles amenazas relacionadas con el liderazgo social.
También puede alimentar prejuicios contra las víctimas.
Los defensores de derechos humanos no pierden su derecho a la protección porque existan controversias personales, económicas o políticas alrededor de sus vidas.
Ninguna disputa justifica un asesinato.
Y ninguna hipótesis investigativa debería difundirse como una conclusión definitiva antes de que exista respaldo probatorio suficiente.
La pregunta central no es si pueden existir motivos personales detrás de algunos homicidios, sino si las autoridades están investigando todas las circunstancias relevantes sin minimizar la condición de líderes sociales de las víctimas.
El reclamo de quienes defienden la democracia
Los líderes sociales desempeñan un papel fundamental en territorios donde las comunidades enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos, reclamar derechos o exigir presencia institucional.
En muchos casos, son quienes denuncian problemas que de otro modo permanecerían invisibles.
Su protección no debería depender de su cercanía con un partido político ni de la notoriedad que alcancen sus casos en los medios de comunicación.
Cuando un defensor es amenazado o asesinado, no solamente se afecta a una persona y a su familia.
También pueden debilitarse los procesos comunitarios que esa persona acompañaba.
Por eso, las respuestas del Estado deben ofrecer garantías y evitar generalizaciones que puedan desacreditar las denuncias.
Colombia necesita investigaciones, no explicaciones apresuradas
La discusión que provocaron las palabras de Luis Carlos Villegas deja una lección institucional.
Un ministro de Defensa tiene la responsabilidad de informar sobre los riesgos para la seguridad y las acciones adelantadas por las autoridades.
Pero sus declaraciones también pueden influir en la manera en que la sociedad interpreta los crímenes.
Por eso, resulta indispensable distinguir las hipótesis investigativas de los hechos demostrados.
Si algunos asesinatos estuvieron relacionados con conflictos personales, las autoridades deben presentar los elementos que respaldan esa conclusión.
Si otros estuvieron asociados con actividades de liderazgo social, amenazas de grupos armados o disputas territoriales, esas circunstancias también deben reconocerse e investigarse.
Lo que no puede hacerse es convertir una explicación general en respuesta suficiente a una crisis de derechos humanos.
Colombia no necesita reducir los asesinatos de sus líderes a una expresión desafortunada. Necesita saber quiénes los están matando, por qué lo hacen y qué están haciendo las instituciones para impedir que continúe la violencia.
La responsabilidad de proteger la vida debe estar por encima de cualquier controversia política.
Y cuando quienes defienden a sus comunidades están expuestos a amenazas, el deber del Estado es investigar, prevenir y garantizar sus derechos.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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