Liquidador del Ministerio de la Igualdad abre auditoría por $200.000 millones y posibles denuncias
Imagen: El Tiempo - Política
El liquidador del Ministerio de la Igualdad ordenó desmontar la estructura viceministerial y abrió la puerta a denuncias por un presunto detrimento patrimonial. La decisión llega con una auditoría para rastrear el uso de $200.000 millones y deja al descubierto el estado de una cartera creada entre promesas de inclusión y hoy en liquidación.
El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad entró en una fase más delicada: su liquidador, John Milton Rodríguez, ordenó la supresión de la estructura viceministerial y anunció una auditoría para intentar recuperar cerca de $200.000 millones, mientras prepara denuncias ante los órganos de control por un posible detrimento patrimonial. La medida no solo confirma el desmonte administrativo de una de las apuestas más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro, sino que además abre un frente de escrutinio sobre la forma en que se ejecutaron recursos públicos en una entidad que nació con la promesa de cerrar brechas sociales y terminó atrapada en la controversia política y presupuestal.
Rodríguez explicó que la revisión interna buscará establecer qué se hizo con los recursos comprometidos y si hubo irregularidades que justifiquen acciones legales y fiscales. La supresión de la estructura viceministerial implica, en la práctica, vaciar de contenido el andamiaje que sostenía la operación política y técnica del ministerio, una decisión que marca el cierre de una institucionalidad que apenas logró consolidarse antes de entrar en liquidación. Según informó El Tiempo - Política, el liquidador insistió en que las denuncias se radicarán ante los entes de control una vez avance la verificación documental y financiera, lo que sugiere que el caso puede escalar a escenarios de responsabilidad fiscal, disciplinaria e incluso penal, dependiendo de lo que arroje la auditoría.
Más allá del anuncio puntual, el episodio refleja un problema de fondo: la distancia entre las ambiciones de política pública y la capacidad real del Estado para ejecutar con transparencia. El Ministerio de la Igualdad fue presentado como una herramienta para atender poblaciones históricamente excluidas, pero su corta vida estuvo marcada por cuestionamientos sobre su diseño, su ejecución presupuestal y su efectividad. Ahora, con la liquidación en marcha, la discusión ya no es solo política sino también fiscal: si hubo desvíos, omisiones o contratos mal estructurados, el costo no lo asume únicamente la administración de turno, sino los ciudadanos que financian con impuestos cada peso comprometido. En un país donde las entidades nuevas suelen nacer con grandes expectativas y poco control efectivo, el caso se convierte en una advertencia sobre lo que pasa cuando la urgencia política le gana a la planeación institucional.
Lo que ocurra en las próximas semanas será clave. Si la auditoría respalda la tesis de un posible detrimento patrimonial, el expediente puede convertirse en uno de los más sensibles de la discusión pública sobre el uso de recursos en este gobierno. Y si no se encuentra sustento suficiente, quedará en evidencia otra falla recurrente del Estado colombiano: crear estructuras costosas, prometer transformaciones de alto impacto y luego desmontarlas sin respuestas claras sobre la plata invertida ni sobre los resultados obtenidos.
