UNP empieza a retirar escoltas a exfuncionarios del gobierno Petro tras revisión de esquemas
Imagen: El Tiempo - Política
La Unidad Nacional de Protección empezó a retirar esquemas de seguridad a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, en una revisión ordenada por la administración actual desde finales de agosto. La medida abre un debate sobre riesgo, discrecionalidad y uso de recursos públicos.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) comenzó a desmontar los esquemas de seguridad de varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, en una decisión que se enmarca en la revisión general ordenada por la actual administración a finales de agosto. El retiro de escoltas y camionetas no es un trámite menor: implica cambios concretos en la protección de personas que, por su paso por cargos de alto nivel, pudieron quedar expuestas a amenazas, tensiones políticas o riesgos derivados de sus funciones pasadas.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, la depuración de esquemas hace parte de un proceso interno que busca revisar quién realmente necesita acompañamiento permanente y bajo qué condiciones. En Colombia, la UNP suele operar bajo una tensión permanente entre dos presiones opuestas: proteger a quienes enfrentan riesgos reales y, al mismo tiempo, evitar que la seguridad se convierta en un privilegio burocrático difícil de justificar ante la opinión pública. En ese equilibrio se mueve ahora esta decisión, que toca a exfuncionarios de una administración que todavía tiene peso político en el país.
El punto de fondo no es solo administrativo. Cada escolta, vehículo blindado o esquema ampliado representa recursos estatales en un país donde la seguridad personal sigue siendo un asunto sensible, tanto para exministros como para líderes sociales, periodistas, opositores y exservidores públicos de distintos gobiernos. Por eso, cuando la UNP retira protección, el debate no debería limitarse a quién se queda sin camioneta o sin esquema, sino a si el Estado está aplicando criterios técnicos, transparentes y verificables, o si la decisión puede leerse como un ajuste político en medio de reacomodos institucionales. En un contexto de alta polarización, cualquier cambio en la seguridad de figuras cercanas al poder termina siendo interpretado más allá de la letra fría del acto administrativo.
Lo que sigue será observar si esta revisión se convierte en una depuración puntual o en una reorientación más amplia de la política de protección del Estado. Para la ciudadanía, el asunto importa por una razón simple: en un país con amenazas persistentes contra funcionarios, líderes y voces críticas, la protección oficial no puede depender de afinidades ni de coyunturas, sino de criterios sólidos que resistan escrutinio público.
