Explosivos frente a Univalle desatan alarma por riesgo a una niña y su abuela
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El uso de explosivos en los disturbios frente a la Universidad del Valle elevó la preocupación por el impacto de estas acciones sobre civiles ajenos a la protesta. Un padre denunció que su hija de 3 años y su suegra quedaron expuestas cuando el vehículo familiar resultó afectado.
Los disturbios frente a la Universidad del Valle volvieron a dejar una escena difícil de justificar: el uso de explosivos en medio de la protesta terminó poniendo en riesgo a una niña de 3 años y a su abuela, según informó El Tiempo (Colombia). El hecho no solo encendió las alarmas por los daños materiales, sino por la línea cada vez más delgada entre una manifestación que busca visibilidad y una acción que termina amenazando a personas que nada tienen que ver con el conflicto. “Ahí venían mi hija de 3 años y mi suegra”, relató el padre de la menor al revisar cómo quedó el carro rojo alcanzado por la onda o por la explosión, una frase que resume el tamaño de la imprudencia y la tensión que se vivió en el sector.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), las directivas de la universidad rechazaron de manera expresa el uso de artefactos explosivos en las inmediaciones del campus, al considerar que esas prácticas cruzan un límite inaceptable y ponen en peligro a estudiantes, trabajadores, vecinos y transeúntes. El señalamiento no es menor: cuando una protesta deriva en explosiones, el debate deja de ser únicamente político o estudiantil y pasa a ser de seguridad pública. El problema ya no es solo la alteración del orden, sino el riesgo real de que una jornada de movilización termine en una tragedia. En entornos urbanos como el de Cali, donde la movilidad, los comercios y los barrios cercanos conviven con las dinámicas universitarias, cualquier incidente de este tipo impacta de inmediato a familias enteras que transitan por la zona por razones cotidianas, no por participación en la protesta.
Este episodio se inscribe en una discusión más amplia sobre los métodos de presión usados en algunas manifestaciones en Colombia y el costo social que dejan cuando se normaliza la presencia de elementos de alto poder destructivo cerca de la población civil. Un campus universitario puede ser un espacio legítimo de debate, inconformidad y movilización, pero pierde legitimidad cuando la protesta se transforma en una amenaza para terceros. Y eso tiene consecuencias concretas: deteriora la confianza de la comunidad, alimenta la estigmatización contra cualquier reclamo estudiantil y obliga a las autoridades a responder con medidas de control que muchas veces terminan afectando también a quienes sí se manifestaban de forma pacífica. En otras palabras, el uso de explosivos no solo expone a una niña y a su abuela; también erosiona el piso político y moral de cualquier causa que se quiera defender desde la calle.
Lo ocurrido frente a Univalle deja una pregunta de fondo que no puede seguir evadiéndose: ¿quién asume la responsabilidad cuando una protesta pone en riesgo a ciudadanos que simplemente pasaban por allí? Mientras no haya una línea clara entre movilización y violencia, el saldo seguirá siendo el mismo: miedo, daños y una convivencia cada vez más frágil alrededor de uno de los campus más emblemáticos del suroccidente colombiano. Y para familias como la de la menor afectada, la discusión sobre el derecho a protestar queda eclipsada por una preocupación mucho más básica: volver a casa sanos y salvos.
