La PAU vuelve a encenderse: dificultad, corrección y presión política en varias comunidades
Imagen: El País
La nueva PAU ha arrancado con una polémica que va mucho más allá del aula: la dificultad de varios exámenes y las quejas por la corrección han obligado a intervenir a responsables políticos en distintas comunidades. El conflicto reabre un debate viejo en España: cuánto debe exigir la prueba que decide buena parte del futuro académico de miles de jóvenes.
La polémica en torno a la PAU ha vuelto a colocar a la selectividad en el centro del debate público, esta vez no por un cambio menor de formato sino por la sensación, cada vez más extendida entre estudiantes y familias, de que algunos exámenes han cruzado la línea entre la exigencia razonable y la trampa. Según informó El País, las protestas por la dificultad de ciertos ejercicios y por la forma en que se han corregido han obligado a intervenir a responsables políticos en varias comunidades autónomas, una señal de que el malestar no quedó encerrado en las aulas sino que escaló al terreno institucional.
El episodio más visible ha sido el de pruebas que han generado indignación por motivos distintos pero conectados: desde los ceros en Euskera hasta el malestar en Matemáticas, donde muchos alumnos han percibido que se les pedía resolver contenidos o enfoques que no se habían trabajado con suficiente claridad o que exigían un nivel desproporcionado en comparación con el resto del curso. Ese choque entre lo que se enseña, lo que se evalúa y lo que finalmente se corrige es lo que termina alimentando la protesta. Cuando un examen de acceso a la universidad se interpreta como una lotería o como una prueba de resistencia más que de conocimientos, la confianza en el sistema se resquebraja y la discusión deja de ser académica para convertirse en política.
El problema de fondo no es nuevo. Cada convocatoria de la PAU suele reabrir una disputa estructural en España: por un lado, la necesidad de que el examen mantenga cierto nivel de exigencia para ordenar el acceso a la universidad; por otro, la obligación de que esa exigencia sea previsible, homogénea y justa entre territorios. Ahí está la clave de la controversia actual. Si en unas comunidades la corrección se interpreta como especialmente severa o si ciertos ejercicios se consideran fuera de la lógica habitual del currículo, el sistema deja de medir mérito de forma comparable y empieza a premiar la capacidad de sortear inercias administrativas. Eso perjudica sobre todo a quienes dependen de una nota ajustada para entrar en carreras con mucha demanda, es decir, a los estudiantes con menos margen de error.
Lo que revelan estos episodios es una tensión que España arrastra desde hace años: la educación como política de Estado sigue funcionando con demasiadas costuras territoriales. La PAU pretende ser una puerta de acceso común, pero cada controversia recuerda que no todos los estudiantes compiten en condiciones idénticas y que cualquier desajuste, por pequeño que parezca, puede alterar su futuro inmediato. Por eso la intervención de los gobiernos autonómicos no es un gesto menor, sino una admisión de que el sistema necesita algo más que apagar incendios puntuales: requiere reglas más claras, criterios de corrección transparentes y una coordinación real que evite que la nota de corte dependa tanto de la comunidad donde se examine un alumno.
