La policía estalla contra Peinado por insinuar que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir
Imagen: El País
Las principales uniones policiales han cargado contra el juez Juan Carlos Peinado tras insinuar que los agentes que escoltan a Begoña Gómez podrían facilitar una fuga. La polémica abre un nuevo frente institucional en torno a una investigación ya cargada de tensión política.
Las principales organizaciones policiales han salido en bloque a rechazar unas palabras del juez Juan Carlos Peinado que, según denuncian, ponen bajo sospecha a los agentes encargados de proteger a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Jupol, SUP, UFP y CEP consideran injustificable que el magistrado sugiriera que esa escolta pudiera servir de apoyo en una eventual huida, una tesis que han recibido como un ataque directo al trabajo policial y como un exceso en medio de una causa ya convertida en arma política.
La reacción ha sido inmediata y dura. Los sindicatos policiales han descrito el argumento del juez como una barbaridad, una preocupación seria, una auténtica salvedad impropia de un instructor y una ofensa a los funcionarios que prestan servicio de custodia. En esencia, lo que cuestionan no es solo la forma, sino el fondo: que se traslade a los agentes una sombra de complicidad sin aportar, sostienen, una base sólida que justifique semejante desconfianza. En un país donde las escoltas y los dispositivos de protección dependen de la credibilidad institucional, el golpe es especialmente sensible, porque afecta a la imagen de neutralidad de quienes cumplen órdenes y no diseñan las decisiones judiciales.
El episodio tiene más alcance del que parece. Peinado pidió retirar el pasaporte a Begoña Gómez en el marco de la investigación que dirige, y su razonamiento ha encendido un nuevo choque entre sectores judiciales, policiales y políticos. No es un conflicto aislado: se inserta en una escalada de tensiones alrededor de una causa que ya ha provocado acusaciones cruzadas sobre imparcialidad, presión mediática y utilización partidista de los tribunales. Cuando un juez cuestiona la fiabilidad de los agentes que protegen a una persona investigada, el debate deja de ser solo procesal y toca un nervio sensible del Estado: la confianza en que la policía actúa con profesionalidad y al margen de sospechas genéricas.
Para la opinión pública, este tipo de choques importa por una razón sencilla: cada vez que se erosiona la autoridad de los cuerpos de seguridad o la percepción de ecuanimidad de los jueces, pierde todo el sistema. En una democracia madura, las medidas cautelares deben sostenerse en indicios concretos y en una argumentación proporcionada, no en insinuaciones que arrastran a terceros a un terreno de desconfianza. La controversia deja ahora una pregunta de fondo: si la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez seguirá avanzando como un asunto estrictamente judicial o si continuará derivando en una batalla institucional cada vez más difícil de separar del clima político que la rodea.
