En Nariño, grupos armados estarían filtrando el voto con carnets y certificados
Imagen: El Tiempo (Colombia)
En varios municipios de Nariño, grupos armados ilegales estarían imponiendo filtros para votar, entre ellos un carnet o certificado adicional. La presión agrava el control territorial y pone en jaque la libertad electoral.
La democracia local en Nariño vuelve a quedar bajo amenaza: según reveló El Tiempo (Colombia), grupos armados ilegales estarían imponiendo varios requisitos a los ciudadanos para poder votar en municipios del departamento, incluyendo la exigencia de un certificado o carnet adicional, casi como si se tratara de una segunda cédula. En regiones donde el Estado apenas logra sostener su presencia, ese tipo de controles no son un simple trámite irregular; son una forma directa de intimidación política y de dominación sobre la población civil.
La denuncia apunta a que no bastaría con presentarse en el puesto de votación con el documento de identidad. De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo, en determinados territorios se estaría pidiendo además un “certificado” o “carnet” previo para autorizar el ejercicio del voto, dentro de un esquema más amplio de restricciones que los actores armados usarían para filtrar quién puede participar y quién no. La sola existencia de ese mecanismo revela algo más grave que una interferencia aislada: una lógica de control territorial que se cuela hasta el corazón del proceso electoral.
Esto importa porque votar libremente no depende solo de la jornada en la urna, sino de la posibilidad real de llegar a ella sin miedo, sin vigilancia y sin intermediarios armados decidiendo quién puede ejercer un derecho constitucional. Nariño, por su ubicación estratégica, sus economías ilegales y la disputa entre distintas estructuras criminales, ha sido durante años un laboratorio de coerción sobre comunidades rurales y urbanas. Cuando un grupo ilegal se arroga la facultad de “autorizar” el voto, la elección deja de ser un acto ciudadano y se convierte en una prueba de obediencia. Y eso tiene efectos inmediatos: desalienta la participación, altera la competencia política local y deja a alcaldes, concejales y candidatos bajo una sombra que condiciona resultados y legitimidad.
El problema no se limita a Nariño ni a esta coyuntura. En Colombia, cada episodio de presión armada en época electoral recuerda que la disputa por el poder en los territorios sigue pasando por el control de la población, no solo por el control de la ruta o del negocio ilegal. Si estas denuncias se confirman y no hay reacción institucional a tiempo, el mensaje para miles de votantes es devastador: su ciudadanía vale menos que el permiso de un actor armado. Y cuando eso ocurre, la democracia no se rompe de golpe; se va vaciando desde adentro, mesa por mesa, municipio por municipio.
