Reyes reitera amenazas y evalúa salir de Colombia tras denunciar a Benedetti
Imagen: El Tiempo - Política
Luis Carlos Reyes volvió a decir que sigue recibiendo amenazas después de denunciar presiones por nombramientos en la Dian atribuidas a Armando Benedetti. El exfuncionario también afirmó que evalúa salir de Colombia y cuestionó la lentitud de la Fiscalía en el proceso.
Luis Carlos Reyes volvió a poner sobre la mesa una denuncia que no se ha apagado: asegura que las amenazas en su contra continúan después de haber señalado a Armando Benedetti por supuestas presiones relacionadas con nombramientos en la Dian. El exdirector de la entidad advirtió que la situación sigue abierta y que, por ahora, no ve señales de que el hostigamiento haya cesado.
Según informó El Tiempo - Política, Reyes sostuvo que las intimidaciones “no han parado” y dijo que incluso contempla la posibilidad de salir de Colombia mientras avanza el caso. Su declaración no solo reaviva el choque político alrededor de la Dian, una de las entidades más sensibles del Estado por su manejo de la tributación y el control aduanero, sino que también vuelve a exhibir el costo personal que pueden tener las denuncias sobre presuntas cuotas y presiones en cargos públicos.
El asunto importa por algo más que el cruce entre nombres conocidos. La Dian es una pieza clave en la operación fiscal del país y cualquier señal de interferencia política en sus designaciones afecta la confianza sobre la independencia institucional. En ese contexto, la preocupación de Reyes por el tiempo que ha tomado la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial añade otra capa de tensión: cuando un denunciante siente que el sistema no responde con rapidez, el mensaje que queda es de desprotección, no de garantía.
El caso también deja una pregunta incómoda sobre el estado de las denuncias en Colombia cuando involucran a figuras de alto perfil. Si las amenazas persisten y la investigación avanza a paso lento, el debate deja de ser solo jurídico y se convierte en uno sobre seguridad, credibilidad institucional y el costo de señalar presuntas irregularidades en el poder. Para la opinión pública, el fondo del asunto no es únicamente quién presionó a quién, sino si el Estado puede proteger a quien decide hablar.
