Fondo Milagro asegura que damnificados no deberán vender sus predios
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Los dueños de predios colapsados denuncian que no tienen recursos para pagar demoliciones que, según dicen, cuestan millones y los ponen contra la pared. Desde el Fondo Milagro aseguran que los damnificados no tendrán que vender sus inmuebles para resolver la emergencia.
Los propietarios de predios colapsados están atrapados entre una emergencia estructural y una cuenta que, aseguran, no pueden pagar: las demoliciones. En medio de las quejas por presuntas presiones para ejecutar esos trabajos, el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, sostuvo que los damnificados no tendrán que vender sus predios para atender la situación, según informó El Tiempo (Colombia).
El punto de tensión está en los costos. De acuerdo con los afectados, los valores asociados a las demoliciones son tan altos que resultan inasumibles para familias que ya cargan con la pérdida parcial o total de sus bienes. Esa combinación —inmuebles dañados, gastos inesperados y presión para actuar rápido— ha profundizado la angustia de quienes, en teoría, deberían estar recibiendo acompañamiento institucional y no una nueva carga financiera.
El caso pone sobre la mesa un problema que se repite en varias emergencias urbanas en Colombia: cuando un predio colapsa, la respuesta técnica no siempre viene acompañada de una ruta clara de financiación para los propietarios. Ahí es donde la intervención del Fondo Milagro cobra relevancia, porque lo que está en juego no es solo la demolición de una estructura insegura, sino también evitar que los damnificados terminen perdiendo su patrimonio para cubrir una obligación derivada del mismo desastre. Si la promesa oficial se cumple, aliviaría una presión inmediata; si no, el costo social podría ser mayor que el daño material inicial.
Más allá del caso puntual, esta discusión deja una pregunta incómoda para las autoridades: quién debe asumir el peso económico de remover lo que ya colapsó cuando el propietario no tiene cómo responder. Para muchas familias, la diferencia entre una solución pública o una salida forzada puede significar conservar su vivienda, su lote o el poco patrimonio que les queda tras la emergencia.




