Marco Rubio anticipa renovación del TSJ y reforma del CNE en Venezuela
Imagen: infobae estados unidos
Washington ya tiene una hoja de ruta para reordenar el poder institucional en Venezuela: la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral ocurriría en diciembre, según la versión divulgada por Infobae Estados Unidos. Después, Delcy Rodríguez declararía vacante la Presidencia para abrir una transición de seis meses hacia nuevas elecciones.
La estrategia impulsada por Washington para forzar una recomposición institucional en Venezuela avanza con un objetivo claro: que en diciembre se nombren nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y se concrete la reforma del Consejo Nacional Electoral, según informó infobae estados unidos. El siguiente paso, de acuerdo con esa hoja de ruta, sería que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia para abrir un período de seis meses que desembocaría en elecciones.
La secuencia que circula en torno a este plan no es menor. El TSJ y el CNE son dos de los engranajes más sensibles del sistema político venezolano: el primero define controversias constitucionales y electorales, mientras que el segundo organiza y valida los comicios. Cambiar esas piezas antes de una eventual transición equivale, en la práctica, a rediseñar las reglas del juego desde la raíz. Por eso la información, atribuida a fuentes citadas por infobae estados unidos y vinculada a la narrativa de Marco Rubio, no solo habla de cargos: habla de control del proceso político.
Si ese cronograma llegara a materializarse, Venezuela entraría en una fase de alto voltaje institucional. La eventual declaración de vacancia presidencial por parte de Delcy Rodríguez abriría un escenario jurídico y político de enorme fragilidad, pero también de enorme consecuencia: una ventana de seis meses para convocar elecciones en un país donde los procesos comiciales han estado marcados por desconfianza, disputas sobre la autoridad electoral y cuestionamientos sobre la independencia de los poderes públicos. En la práctica, Washington estaría apostando a que una renovación del árbitro y del máximo tribunal haga viable una salida electoral que hoy luce bloqueada.
El punto de fondo es que esta hoja de ruta no solo busca mover nombres en la cúpula del Estado venezolano, sino alterar quién certifica la legalidad del poder y quién administra el acceso a las urnas. Para la oposición, esto podría abrir una oportunidad inédita; para el oficialismo, sería una cesión estratégica de enorme costo. Y para los ciudadanos, agotados por años de crisis política, económica y migratoria, significaría una nueva promesa de transición que todavía depende de algo más difícil que redactar un plan: conseguir que las instituciones acepten cambiar de manos sin romperse en el intento.
