Interior bajo presión por un dosier que etiquetaba a periodistas según su ideología
Imagen: El País
El Ministerio del Interior español quedó bajo presión tras revelarse un dosier interno que clasificaba a periodistas según su supuesta ideología. El PSOE pide explicaciones mientras crece el ruido político sobre el uso de recursos públicos para monitorear a la prensa.
El Ministerio del Interior de España se ha visto arrastrado a una nueva polémica después de que saliera a la luz un dosier confidencial elaborado por su propia oficina de prensa, en el que se clasificaba a periodistas según su presunta orientación ideológica. El titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, intentó rebajar el alcance del documento al describirlo como un simple “documento de trabajo”, pero la explicación no ha apagado las sospechas ni el malestar político que ha generado el caso.
La revelación, adelantada por El País, apunta a una práctica especialmente delicada en cualquier democracia: el rastreo y la categorización de profesionales de la información a partir de criterios políticos. El portavoz parlamentario del PSOE, que en este caso ha optado por marcar distancias con el departamento que dirige un ministro socialista, exigió a Interior que ofrezca explicaciones claras sobre el contenido del dosier, su finalidad y el uso que pudo darse a esa información. El hecho de que el documento esté fechado en febrero de 2024 añade un elemento incómodo: no se trata de una reliquia administrativa, sino de una herramienta elaborada recientemente en el corazón de una institución con enorme capacidad de influencia.
Más allá del episodio concreto, el asunto toca una fibra muy sensible: la relación entre poder político y prensa en un momento en que la vigilancia, la segmentación de audiencias y la elaboración de perfiles son prácticas cada vez más normalizadas. La diferencia es que aquí no hablamos de una campaña comercial ni de una estrategia de comunicación privada, sino de un ministerio del Estado. Y cuando una oficina pública clasifica periodistas por ideología, la pregunta deja de ser solo qué contiene el listado; pasa a ser por qué se hizo, quién lo ordenó y con qué propósito. En un país donde la libertad de prensa es uno de los termómetros más serios de la salud democrática, la mera existencia del dosier ya erosiona confianza.
El caso abre además una grieta política dentro del propio bloque gubernamental, porque obliga al PSOE a defenderse de una práctica que choca con cualquier discurso sobre transparencia y respeto a los medios. Si Interior no aclara con precisión el origen y el uso del documento, la polémica puede crecer y convertirse en un problema más amplio para el Gobierno: no solo por el contenido del dosier, sino por la sospecha de que una oficina institucional pudo operar con lógicas de clasificación política incompatibles con un servicio público neutral.
