Marlaska pide al CGPJ frenar al juez Peinado por cuestionar a la escolta de Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que estudie medidas contra el juez Juan Carlos Peinado después de que este pusiera en duda la profesionalidad de los agentes encargados de la escolta de Begoña Gómez. La reacción del Gobierno llega tras una decisión judicial que, según el Ejecutivo, no solo abre un nuevo frente en la investigación, sino que además introduce una descalificación directa contra funcionarios policiales cuya labor de protección depende precisamente de su neutralidad y rigor.

De acuerdo con la información publicada por El País, Marlaska considera que lo ocurrido es “un hecho de la máxima gravedad” porque el magistrado habría utilizado esas sospechas para sostener la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro interpreta ese movimiento como una forma de trasladar a los agentes una desconfianza injustificada y de proyectar sobre ellos dudas sobre su trabajo sin una base sólida que lo respalde. En la práctica, el choque añade presión a una causa ya altamente politizada y vuelve a situar en el centro del debate la relación entre algunos jueces y el poder ejecutivo.

Este episodio importa por algo más que por la disputa puntual entre un juez y un ministro. En España, como en otros sistemas democráticos, la credibilidad de la policía judicial y de los cuerpos de seguridad es un asunto sensible: cuando un magistrado cuestiona su conducta sin una motivación clara, el daño no se queda en el expediente, sino que puede erosionar la confianza pública en instituciones que deben operar con imparcialidad. Además, el caso vuelve a alimentar la lectura política de una investigación que rodea al entorno de Sánchez y que la oposición usa para desgastar al Gobierno mientras el Ejecutivo denuncia un uso expansivo del proceso judicial.

El trasfondo es todavía más delicado porque se cruza con el debate sobre los límites del poder judicial y el riesgo de instrumentalización de decisiones cautelares en causas de alto impacto político. Si el CGPJ decide intervenir o al menos examinar lo sucedido, el caso puede escalar institucionalmente y abrir una discusión más amplia sobre cómo se controla a los jueces cuando sus resoluciones rozan o exceden los márgenes habituales. Para la ciudadanía, la pregunta de fondo no es menor: cuando la política y la justicia se enredan de esta manera, la percepción de imparcialidad termina siendo tan importante como la propia resolución del caso.