Mary Luz Herrán acusa tras retiro de su seguridad y la UNP defiende su decisión
Imagen: infobae colombia
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, responsabilizó públicamente a Abelardo de la Espriella y a otros señalados por cualquier daño que pueda sufrir, luego de que le retiraran parte de su esquema de seguridad. La UNP sostiene que la decisión obedeció a una nueva evaluación técnica de riesgo.
Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, elevó el tono de una controversia que mezcla seguridad personal, tensiones políticas y decisiones administrativas: tras el retiro de su esquema de protección, dijo que hace responsables por su vida a quienes, según ella, han alimentado amenazas en su contra, con un señalamiento directo contra el abogado Abelardo de la Espriella. El episodio vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la seguridad de personas cercanas al jefe de Estado, en un país donde la protección oficial sigue siendo un asunto sensible y, muchas veces, disputado en el terreno público.
De acuerdo con la información divulgada por Infobae Colombia, la reacción de Herrán llegó después de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) explicara que las modificaciones en los esquemas de algunos personajes vinculados al entorno del presidente responden a nuevas evaluaciones técnicas. Esa revisión, según la entidad, llevó a reclasificar ciertos niveles de riesgo: de extraordinarios a ordinarios. En otras palabras, el Estado concluyó que ya no existían las mismas condiciones que justificaban un dispositivo reforzado, una decisión que suele generar controversia porque no solo compromete presupuesto y logística, sino también la percepción de vulnerabilidad de las personas afectadas.
El fondo del asunto es más amplio que una disputa personal. En Colombia, las decisiones sobre esquemas de seguridad suelen quedar atrapadas entre dos presiones: la obligación de proteger vidas en un país con antecedentes de violencia política, y la necesidad de depurar sistemas que durante años han sido criticados por excesos, clientelismo o asignaciones poco transparentes. Cuando la UNP ajusta un esquema, no solo envía un mensaje técnico; también altera el equilibrio entre el derecho a la protección y la lectura política que hacen los involucrados. Por eso, cada retiro o recorte termina convertido en un caso público, especialmente cuando toca figuras cercanas al poder.
Lo que viene ahora dependerá de si la controversia escala hacia una revisión más amplia de las decisiones de la UNP o si queda reducida a un choque de versiones entre la exesposa del mandatario, sus contradictores y la entidad de protección. Pero el episodio deja una señal incómoda: en Colombia, la seguridad sigue siendo un tema tan técnico como político, y cualquier ajuste puede convertirse en una disputa con consecuencias reales para quienes dependen del Estado para mantenerse con vida.
