Ministerio de la Igualdad acelera su cierre administrativo ante el naufragio de su salvación en el Congreso
Imagen: El Tiempo - Política
El Ministerio de la Igualdad empezó a preparar su salida administrativa mientras en el Congreso se hunde la ley que intentaba blindarlo. La circular interna ordena organizar entrega de funciones y puestos, una señal de que la supervivencia política de la cartera se quedó sin oxígeno.
El Ministerio de la Igualdad entró en modo de cierre. Mientras en el Congreso se acerca el hundimiento del proyecto de ley que pretendía darle soporte jurídico y evitar su desaparición, la entidad ya expidió una circular interna con instrucciones para la entrega de funciones, la organización de los puestos de trabajo y la transición de responsabilidades. El mensaje, más que técnico, es político: la cartera que nació como una apuesta emblemática del Gobierno de Gustavo Petro empieza a asumir que su continuidad quedó seriamente comprometida.
Según informó El Tiempo - Política, el documento circulado al interior de la entidad marca el inicio de un proceso administrativo que suele activarse cuando una dependencia entra en liquidación, reordenamiento o cambio estructural. En la práctica, eso implica preparar inventarios, definir qué pasa con los contratos, los equipos, los programas en ejecución y, sobre todo, con el personal que ha venido operando la estructura. No se trata solo de papeles; detrás de esa instrucción hay incertidumbre para funcionarios, contratistas y para las comunidades que dependían de las rutas, proyectos y metas asociadas a la cartera.
El panorama tiene una lectura más amplia. El Ministerio de la Igualdad fue una de las banderas centrales del actual gobierno, creado para coordinar políticas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas y para darles un lugar institucional a debates sobre género, étnico-raciales y territoriales. Pero desde su origen arrastró críticas por su capacidad operativa, su diseño y su sostenibilidad política. Ahora, con la ley que buscaba salvarlo prácticamente hundida en el Congreso, la discusión ya no es solo si fue una apuesta útil o discutible, sino si el Estado estaba preparado para sostener una entidad de esta naturaleza sin una base legislativa y fiscal más sólida.
Lo que ocurra en los próximos días será determinante. Si el proyecto no avanza, el Gobierno deberá decidir si reacomoda las funciones en otras dependencias, si mantiene algunos programas bajo otra figura o si acepta una desactivación ordenada con impacto directo en la ejecución de políticas sociales. Para la ciudadanía, especialmente para los grupos que el ministerio decía representar, la pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿qué queda de una promesa de igualdad cuando la arquitectura institucional que debía sostenerla empieza a desmontarse antes de consolidarse?
