Gobierno revisará contratos del hospital de San Andrés tras reclamo presidencial
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno anunció una revisión forense y técnica de los contratos del Hospital Departamental de San Andrés tras el reclamo público del presidente De La Espriella. La medida abre una nueva disputa sobre el manejo de recursos en el sistema de salud de la isla.
El Gobierno puso bajo la lupa los contratos del Hospital Departamental de San Andrés y anunció la conformación de equipos forenses y técnicos para revisar cada documento, factura y compromiso suscrito por la entidad. La decisión llega después del fuerte reclamo del presidente De La Espriella, que elevó la presión política sobre el manejo administrativo del centro asistencial en la isla.
Según informó El Tiempo - Política, la medida fue comunicada por el Ministerio de Salud como una respuesta directa a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación del hospital. La revisión no se limitará a un control rutinario: incluirá un examen detallado de los acuerdos firmados, la trazabilidad de los pagos y la verificación de soportes financieros y administrativos, con el fin de establecer si hubo fallas en el uso de los recursos públicos.
El caso importa más allá de San Andrés porque vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en el sistema de salud colombiano: la fragilidad de la vigilancia sobre hospitales departamentales y el impacto que tienen esas fallas en territorios apartados, donde la ciudadanía depende casi por completo de la red pública para acceder a servicios básicos. Cuando un hospital entra en crisis por sospechas de contratación irregular, el costo no es solo político; también se traduce en demoras, desconfianza y deterioro en la atención de pacientes.
Por ahora, el anuncio del Gobierno abre una etapa de auditoría que podría derivar en hallazgos administrativos, eventuales traslados a organismos de control o incluso en decisiones sobre la continuidad de ciertos contratos. En una isla donde la atención médica ya enfrenta limitaciones estructurales, la exigencia de revisar “cada contrato, cada factura” no es solo una consigna política: es una señal de que la transparencia en salud sigue siendo una deuda pendiente.
