Ministerio de Trabajo no descarta indagar denuncia de Angie Rodríguez contra Petro
Imagen: El Tiempo - Política
La denuncia de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro abrió un nuevo frente judicial en el cierre del gobierno. El Ministerio de Trabajo dejó abierta la puerta a investigar posibles hechos de violencia de género y acoso laboral.
La denuncia que la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, presentó ante la Comisión de Acusaciones contra Gustavo Petro no solo sacudió el cierre político del gobierno, sino que además podría escalar a otra instancia: el Ministerio de Trabajo no cerró la puerta a revisar si hubo violencia de género y acoso laboral. El caso agrega presión a la Presidencia en un momento en que el mandatario saliente también anunció que emprenderá acciones penales por este episodio, lo que anticipa una disputa jurídica y política de largo aliento.
Según informó El Tiempo - Política, la queja de Rodríguez apunta directamente al presidente Petro y ya quedó radicada ante el organismo encargado de investigar a los jefes de Estado. La novedad está en que el Ministerio de Trabajo, lejos de descartar el asunto como una controversia meramente política, dejó abierta la posibilidad de intervenir si encuentra elementos que encajen dentro de las competencias laborales y de protección frente a conductas de hostigamiento en el trabajo. En otras palabras, el debate ya no gira solo en torno a responsabilidades personales o políticas, sino a si dentro de la Casa de Nariño pudieron presentarse conductas que vulneren derechos fundamentales de una funcionaria.
Esto importa porque en Colombia los casos de acoso laboral y violencia de género siguen siendo un problema estructural, especialmente en escenarios de poder donde las relaciones jerárquicas suelen dificultar las denuncias. Si el Ministerio decide avanzar, el expediente podría marcar un precedente sobre cómo se investigan estas conductas en el más alto nivel del Estado. También revela la fragilidad institucional con la que termina un gobierno que prometió cambios profundos, pero que cierra con un choque público entre una exalta funcionaria y el propio presidente. Para la opinión pública, el caso no es solo una pelea entre nombres propios: es una prueba sobre si el Estado colombiano puede responder con seriedad cuando las denuncias involucran abuso de poder dentro del aparato gubernamental.
El anuncio de que Petro acudirá a acciones penales endurece aún más el escenario. Lo que viene no es una simple discusión mediática, sino una batalla en varias mesas: la Comisión de Acusaciones, la justicia penal y, eventualmente, el frente laboral si el Ministerio encuentra competencia. En términos políticos, el episodio golpea la narrativa del petrismo en su recta final y alimenta el debate sobre la coherencia entre el discurso de protección de derechos y las denuncias que hoy rodean a la propia Presidencia. Para la ciudadanía, el desenlace será una señal clara de hasta dónde llegan las garantías institucionales cuando el poder más alto del país entra en conflicto con una exfuncionaria que decidió denunciar.
