Auditoría fiscal golpea al MinVivienda por obras en La Guajira y alza en contratación
Imagen: El Tiempo - Política
Una auditoría fiscal puso bajo la lupa la ejecución de recursos en La Guajira y en programas de vivienda del gobierno Petro, al detectar irregularidades en proyectos de agua y un aumento superior al 80% en la contratación por prestación de servicios. El hallazgo abre un nuevo frente político sobre control del gasto y eficacia estatal.
Una auditoría fiscal encendió las alarmas sobre la manera en que se han ejecutado recursos públicos en proyectos de agua en La Guajira y en programas de vivienda durante el gobierno de Gustavo Petro. El hallazgo no solo apunta a posibles irregularidades en obras que deberían responder a una de las crisis sociales más graves del país, sino que además revela un incremento superior al 80% en la contratación pública mediante contratos de prestación de servicios, una modalidad que suele ser cuestionada por su falta de estabilidad laboral y por abrir la puerta a esquemas de tercerización difíciles de controlar.
Según informó El Tiempo - Política, el Ministerio de Vivienda quedó en el centro del debate tras conocerse los resultados de la revisión fiscal, que dejó observaciones sobre la forma en que se han manejado distintos frentes de contratación. En particular, los proyectos de agua en La Guajira vuelven a mostrar las grietas de una región históricamente golpeada por el abandono estatal, donde cada peso invertido en infraestructura básica debería tener trazabilidad total. El aumento en los contratos de prestación de servicios, por su parte, sugiere una expansión administrativa que no necesariamente se traduce en más capacidad técnica o mejor ejecución, sino en una estructura contractual más amplia y, a menudo, más vulnerable a preguntas sobre eficiencia y meritocracia.
Este episodio importa porque La Guajira no es un territorio cualquiera: allí confluyen pobreza extrema, crisis de acceso al agua, desconfianza institucional y una larga lista de promesas incumplidas por distintos gobiernos. Cuando una auditoría encuentra irregularidades en proyectos destinados justamente a resolver esas carencias, el problema deja de ser técnico y se convierte en político. También toca un nervio sensible del gobierno Petro, que llegó con el discurso de corregir viejas prácticas del Estado y poner la inversión pública al servicio de las regiones más rezagadas. Si los controles fallan o la contratación crece sin suficiente justificación, el costo no es solo fiscal: lo pagan las comunidades que siguen esperando obras que cambien su realidad.
El dato sobre el incremento superior al 80% en la contratación por prestación de servicios merece una lectura más amplia. En Colombia, esta figura se ha usado por años para atender necesidades temporales, pero en la práctica ha terminado siendo un mecanismo recurrente para cubrir funciones permanentes, con menos garantías para los contratistas y menor transparencia sobre la calidad del gasto. En un momento en que el Gobierno insiste en que sus reformas buscan fortalecer lo público, un hallazgo de esta naturaleza pone presión sobre la supervisión interna y sobre la capacidad real del Estado para ejecutar sin improvisación. Lo que está en juego no es solo una auditoría: es la credibilidad de una promesa de cambio que, para sostenerse, necesita mostrar resultados verificables y no solo buenas intenciones.
