Gobierno revisará fotomultas y advierte acciones contra abusos en el sistema
Imagen: El Tiempo - Política
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, respaldó la revisión de las cámaras de fotomultas ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella y advirtió que el Gobierno actuará donde detecte abusos. El mensaje abre la puerta a un ajuste de fondo en un sistema cuestionado por miles de conductores.
El Gobierno puso bajo la lupa uno de los mecanismos más polémicos de control vial en Colombia: las cámaras de fotomultas. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que la revisión ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella no será simbólica y que el Ejecutivo intervendrá en todos los casos en los que encuentre cobros irregulares, fallas operativas o prácticas abusivas contra los conductores.
La jefe de la cartera de Transporte se pronunció después de que el presidente diera la instrucción de revisar el alcance y la legalidad del sistema, una decisión que golpea de frente a alcaldías, autoridades de tránsito y operadores privados que durante años han defendido estas cámaras como una herramienta para reducir la accidentalidad. Según informó El Tiempo - Política, la ministra dejó claro que el propósito no es acabar con el control electrónico en las vías, sino diferenciar entre los dispositivos que cumplen una función preventiva y aquellos que, en la práctica, terminan convertidos en máquinas de recaudo sin suficiente respaldo técnico o jurídico.
La discusión no es menor. En Colombia, las fotomultas han sido objeto de denuncias recurrentes por señales deficientes, notificaciones tardías, supuestos puntos de instalación con fines recaudatorios y sanciones que muchos ciudadanos sienten como sorpresivas o imposibles de controvertir. Por eso, la orden presidencial conecta con una molestia acumulada en conductores particulares, transportadores y motociclistas, que ven en estas cámaras un mecanismo que, más allá de su función de seguridad vial, terminó cargando sobre el bolsillo de la gente el peso de un sistema con controles desiguales. Si la revisión avanza con rigor, el Gobierno podría abrir una depuración importante en los contratos, los criterios de instalación y los procedimientos de cobro.
Lo que está en juego va más allá de un pulso entre el Ejecutivo y las autoridades locales. Esta revisión puede redefinir cómo se vigila el tránsito en el país y, sobre todo, obligar a que la seguridad vial deje de confundirse con el negocio del comparendo. Si el Gobierno realmente actúa donde encuentre abusos, como dijo la ministra, el impacto podría sentirse tanto en las finanzas de los municipios como en el bolsillo de miles de colombianos que hoy desconfían de un sistema que, en demasiadas ocasiones, castiga antes de educar.
