Beingolea desata polémica al anunciar el cierre del LUM y redefinir la política cultural
Imagen: infobae
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, planteó que el Lugar de la Memoria (LUM) dejaría de funcionar durante su gestión, en medio de una polémica por su visión sobre el rol del Estado en cultura. Sus dichos reabren el debate sobre memoria, pluralidad y el uso político de los espacios públicos.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, encendió una nueva controversia al afirmar que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) cerrará durante su gestión. La declaración no solo golpea a una de las instituciones más sensibles del debate público peruano, sino que vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: quién define la memoria oficial en un país atravesado por heridas todavía abiertas.
Según informó infobae, el titular del Mincul defendió una idea de cultura “abierta” y criticó que el Estado respalde espacios que, a su juicio, servirían para introducir ideas que no representarían a la mayoría de peruanos. En esa línea, sostuvo que se terminaron los privilegios de una sola manera de pensar, un mensaje que apunta directamente contra sectores que consideran al LUM un lugar necesario para recordar el conflicto interno y sus víctimas. La afirmación, más allá del tono político, tiene efectos concretos: pone en duda la continuidad de una política pública que durante años ha funcionado como símbolo de memoria, reparación y debate ciudadano.
La relevancia del caso excede al propio ministerio. En el Perú, el LUM ha sido desde su creación un espacio incómodo para algunos gobiernos y una referencia indispensable para otros actores sociales, especialmente para familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y académicos. Por eso, hablar de su eventual cierre no es una mera decisión administrativa, sino una definición sobre el tipo de Estado que se quiere construir. En países con pasado de violencia interna, estos lugares no solo exhiben historia: ayudan a ordenar el presente y a evitar que la disputa política borre lo que ocurrió. Si la gestión de Beingolea avanza en esa dirección, el costo no será solo simbólico. También podría traducirse en más polarización, en choques con colectivos culturales y en una señal inquietante sobre la tolerancia institucional frente a las memorias incómodas.
El trasfondo es claro: el Gobierno busca reordenar su narrativa sobre cultura, pero lo hace con un discurso que muchos leerán como exclusión antes que apertura. Y en un país donde la desigualdad, la desconfianza en las instituciones y la disputa por el relato histórico siguen marcando la agenda, cualquier intento de cerrar un espacio como el LUM será interpretado no solo como una medida de gestión, sino como una toma de posición política con impacto en la memoria colectiva.
