Gobierno veta celulares en puestos de votación para blindar la segunda vuelta
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno anunció un decreto para prohibir el uso de celulares en los puestos de votación durante la segunda vuelta del domingo 21 de junio. La medida busca frenar el constreñimiento electoral y cortar de raíz la práctica de tomarle foto al voto.
El Ministerio de Defensa anunció un decreto que restringirá el uso de celulares dentro de los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, una decisión que apunta directamente al corazón del constreñimiento electoral. La orden busca impedir que los ciudadanos tomen fotografías a su tarjetón como prueba de voto, una práctica que en Colombia ha sido denunciada durante años como herramienta para vigilar, presionar o comprar voluntades en las urnas. En pocas palabras: el Gobierno intenta cerrar una de las vías más visibles de control sobre el elector en una jornada que se juega tanto en la legitimidad del resultado como en la tranquilidad del votante.
Según informó El Tiempo - Política, la instrucción fue presentada como una medida de seguridad electoral y se concentra en los puestos de votación, no en la vida cotidiana del ciudadano fuera de ellos. El punto de fondo es evitar que el teléfono móvil, hoy un objeto inseparable de casi cualquier rutina, termine convertido en un mecanismo de intimidación. Tomarle foto al voto ha sido, en múltiples procesos electorales, una forma de demostrar obediencia ante un jefe político, un intermediario, una estructura clientelista o incluso ante redes que operan desde la sombra. Por eso la medida no es menor: afecta la logística del día de la elección, pero también el mensaje político que el Estado quiere enviar sobre la libertad real de sufragio.
El anuncio llega en un momento especialmente sensible. La segunda vuelta no solo define quién gobernará el país; también expone el estado de salud de la democracia colombiana en territorios donde el voto libre compite con presiones locales, favores, amenazas y viejas redes de intermediación electoral. Prohibir celulares en la mesa o en el cubículo no elimina por sí solo esas prácticas, pero sí les complica el trabajo. En la práctica, el decreto intenta proteger al ciudadano de la prueba material que luego puede convertirse en una factura política. Y esa diferencia importa, porque el miedo a ser verificado muchas veces pesa más que el voto mismo. Cuando una persona sabe que su elección puede ser revisada, fotografiada o exigida, deja de votar en libertad y empieza a hacerlo bajo vigilancia.
La discusión, sin embargo, va más allá de una simple restricción tecnológica. En Colombia, cada intento por blindar las urnas termina abriendo el debate entre control y garantía, entre seguridad y libertad, entre la necesidad de evitar fraudes de presión y el riesgo de imponer medidas que deben aplicarse con claridad para no generar confusión entre votantes y jurados. Si el decreto se implementa con rigor, puede convertirse en un mensaje disuasivo frente a quienes han hecho del voto un trámite supervisado. Si se queda en anuncio, no pasará de ser otro gesto de campaña institucional. Por eso la verdadera prueba no será el decreto en sí, sino la capacidad del Estado para hacer cumplir la norma en los lugares donde históricamente más se ha intentado manipular la voluntad popular.
