Ministro de Justicia pide blindar la cárcel de Itagüí ante alerta por presunta fuga
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella pidió reforzar la seguridad en la cárcel de Itagüí tras una alerta por un presunto plan de fuga. La solicitud llegó a la Fiscalía y al Inpec en medio de preocupación por la capacidad de respuesta del sistema penitenciario.
La advertencia sobre un presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí ya escaló al despacho del ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella. Iván Cancino remitió una carta a la fiscal general y al Inpec para pedir que se refuercen las medidas de seguridad y se verifique con urgencia si la alerta tiene sustento real, un movimiento que pone bajo presión a las autoridades penitenciarias y judiciales en uno de los puntos más sensibles del sistema carcelario colombiano.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo (Colombia), la comunicación de Cancino no se limitó a pedir vigilancia adicional: también insistió en la necesidad de contrastar la información que encendió las alarmas y determinar si existe o no una amenaza concreta de evasión. En la práctica, eso significa que el Ministerio de Justicia está pidiendo una respuesta coordinada entre la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para revisar protocolos, blindar los accesos y evaluar si los internos señalados representan un riesgo extraordinario para la seguridad del centro carcelario.
El caso importa más allá de la prisión de Itagüí. En Colombia, cada alerta de fuga expone una tensión estructural que el sistema penitenciario arrastra desde hace años: hacinamiento, déficit de personal, fallas en inteligencia y vulnerabilidad en las custodia de internos de alto perfil. Cuando una autoridad de peso como el ministro de Justicia entra a exigir medidas, lo que se reconoce implícitamente es que una eventual evasión no sería un incidente aislado, sino una falla con impacto político, judicial y social. Si la alerta resulta cierta, el Estado quedaría en evidencia por no haber actuado a tiempo; si no lo es, también queda claro que el sistema necesita mejores mecanismos de verificación para no reaccionar tarde ni a ciegas.
Más allá del trámite institucional, lo que está en juego es la confianza pública en la capacidad del Estado para controlar sus cárceles. Itagüí no es una prisión cualquiera en el imaginario de seguridad del país: cualquier señal de desorden allí se lee como síntoma de un problema mayor. Por eso la decisión de Cancino de acudir formalmente a la Fiscalía y al Inpec no solo busca prevenir una fuga; también intenta dejar constancia de que, ante una alerta de este tipo, la respuesta del Gobierno no puede ser improvisada ni burocrática, sino inmediata, verificable y con resultados concretos.
