Cancino niega sustento a acusaciones en caso de Nassim Orfale
Imagen: El Tiempo - Política
El ministro de Justicia, Iván Cancino, negó que existan fundamentos para las acusaciones lanzadas por el abogado Abelardo De La Espriella en el caso de Nassim Orfale, requerido por Estados Unidos. La controversia surge mientras la justicia estadounidense lo vincula con presunto lavado de activos del narcotráfico a través de operaciones con criptomonedas.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó las acusaciones que Abelardo De La Espriella ha impulsado en torno al caso de Nassim Orfale, el empresario requerido por Estados Unidos, y aseguró que esos señalamientos no tienen sustento. La discusión añade presión política y jurídica a un expediente que ya venía con alta sensibilidad por las implicaciones que tiene en Colombia y en el sistema judicial estadounidense.
De acuerdo con lo conocido del proceso, la justicia de Estados Unidos señala a Orfale por un presunto esquema de lavado de activos del narcotráfico a través de operaciones con criptomonedas. Ese es el núcleo del caso: no solo la ruta del dinero, sino el uso de activos digitales para mover recursos que, según la acusación, tendrían origen ilícito. En ese contexto, las declaraciones cruzadas entre Cancino y De La Espriella elevan el tono de una controversia que no se limita al terreno judicial, sino que también toca la arena pública y mediática.
Lo que está en juego va más allá del nombre de un empresario. Este expediente se inscribe en una tendencia que Estados Unidos ha venido persiguiendo con mayor intensidad: el uso de criptoactivos para ocultar rastros financieros ligados al narcotráfico y otras economías criminales. Para Colombia, el caso vuelve a poner sobre la mesa el viejo problema de la cooperación judicial con Washington, la exposición de empresarios y la facilidad con la que estructuras ilegales intentan sofisticar sus operaciones. En ese punto, la discusión sobre pruebas, garantías y responsabilidades no es un asunto menor: define cómo se interpreta la frontera entre una defensa política, una acusación penal y una eventual extradición.
La controversia también deja ver algo más profundo: la enorme influencia que siguen teniendo los procesos abiertos en Estados Unidos sobre la vida pública colombiana. Cuando un caso de este tipo entra en escena, no solo se habla de un individuo, sino del mensaje que envían las autoridades estadounidenses sobre lavado, narcotráfico y el uso de nuevas tecnologías financieras. Por eso el pulso entre las partes no parece cercano a terminar; apenas está entrando en su fase más sensible.
