Petro y el ministro Pedro Sánchez alertan por el poder de la desinformación en Colombia
Imagen: infobae colombia
La discusión sobre la desinformación volvió al centro del debate político en Colombia luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el presidente Gustavo Petro cuestionaran la circulación de un video falso atribuido a alias Marlon. El episodio expone cómo los montajes digitales ya operan como un factor de riesgo para la seguridad pública y la confianza institucional.
La polémica por un video falso atribuido a alias Marlon dejó en evidencia algo más grave que una simple pieza engañosa en redes: la desinformación ya funciona como una herramienta de impacto político y de seguridad en Colombia. Tanto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como el presidente Gustavo Petro reaccionaron al caso con un mensaje de alarma sobre la velocidad con la que este tipo de contenidos se viralizan y contaminan la conversación pública.
Según informó infobae colombia, ambos cuestionaron no solo el montaje en sí, sino el ecosistema que le permite escalar en cuestión de minutos: cuentas que replican sin verificación, audiencias que comparten por impulso y plataformas donde el alcance suele premiar lo escandaloso por encima de lo verdadero. El caso de alias Marlon se convirtió así en un ejemplo de manual sobre cómo una pieza manipulada puede instalar narrativas falsas, generar confusión y obligar a autoridades a salir a desmentir en lugar de concentrarse en su trabajo de fondo.
El episodio importa porque Colombia, como otros países de la región, vive una etapa en la que la información falsa no solo afecta debates electorales o reputaciones públicas, sino que también puede interferir en operaciones de seguridad, investigaciones judiciales y percepción ciudadana sobre el orden público. Cuando desde el más alto nivel del Estado se advierte que la desinformación es una de las mayores amenazas, no se trata de una frase retórica: es el reconocimiento de que hoy un video alterado puede tener consecuencias reales sobre la credibilidad de las instituciones y sobre la manera en que la gente interpreta lo que ocurre en su país.
Más allá del caso puntual, lo ocurrido deja una lección incómoda para Colombia y para toda América Latina: el problema ya no es solo quién produce la mentira, sino por qué tantos la ayudan a circular. En una sociedad saturada de mensajes, la verificación se volvió una necesidad cívica, y la respuesta institucional tendrá que ir más allá del desmentido puntual si quiere frenar una maquinaria que erosiona la confianza pública desde la pantalla del celular.
