Gobierno revisará fotomultas en todo el país tras nueva polémica sobre su operación
Imagen: El Tiempo - Política
El Ministerio de Transporte ordenó una revisión nacional de las fotomultas y de los criterios con los que operan en el país. El anuncio llega después de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y reabre el debate sobre si estos sistemas priorizan la seguridad vial o el recaudo.
El Ministerio de Transporte puso bajo la lupa, a escala nacional, el funcionamiento de las fotomultas y los criterios con los que hoy operan en Colombia. La revisión apunta a tres frentes sensibles: si los sistemas cuentan con la autorización debida, si existe sustento técnico para su instalación y uso, y si realmente están cumpliendo su propósito de detectar infracciones sin convertirse en una herramienta de cobro automático.
Según informó El Tiempo - Política, el Gobierno verificará la legalidad y el soporte técnico de los sistemas de detección electrónica de infracciones, en un movimiento que llega después de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella. Aunque el anuncio aún no detalla consecuencias concretas para las entidades territoriales o los operadores privados, la señal política es clara: el Ejecutivo quiere revisar un mecanismo que durante años ha generado quejas de conductores, alcaldías y expertos en movilidad por fallas en la señalización, dudas sobre la calibración y presuntos abusos en su implementación.
Lo que está en juego va mucho más allá de una discusión administrativa. Las fotomultas se justificaron originalmente como una herramienta para reducir la siniestralidad vial, pero en buena parte del país terminaron asociadas a la sensación de trampa y a la percepción ciudadana de que castigan más por sorpresa que por prevención. Por eso esta revisión importa: si el Gobierno encuentra irregularidades, podría reordenar la operación de cientos de cámaras y equipos instalados en corredores urbanos y carreteras; si no las encuentra, también tendría que responder por qué persiste el malestar de los conductores y si los sistemas están siendo implementados con estándares homogéneos. En un país donde la confianza en las multas de tránsito ya es frágil, cualquier duda sobre su legitimidad impacta directamente el bolsillo de los ciudadanos y la credibilidad de las autoridades de movilidad.
El debate, además, llega en un momento en el que Colombia sigue buscando cómo bajar la mortalidad en las vías sin convertir la política de control en una máquina de recaudo. La revisión anunciada por MinTransporte puede terminar siendo una depuración técnica necesaria o un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno, los entes territoriales y quienes defienden las fotomultas como instrumento de disciplina vial. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado afectará no solo a los conductores que reciben comparendos, sino también a la discusión de fondo sobre qué tipo de control necesita el país para ordenar sus vías sin perder legitimidad pública.
