Miquel Cortés asume la presidencia de la comisión que definirá la nómina para contralor
Imagen: infobae
La comisión que elaborará la nómina para elegir al próximo contralor general de Guatemala ya tiene presidente. Miquel Cortés, de la Universidad Rafael Landívar, fue designado en una sesión que superó el quórum mínimo y se resolvió con votación nominal y pública.
La comisión que integrará la nómina de candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas de Guatemala ya tiene al funcionario que la encabezará: Miquel Cortés, representante de la Universidad Rafael Landívar, fue electo presidente en una sesión clave para el relevo de una de las instituciones más sensibles del Estado. La designación se hizo a viva voz y por votación nominal, un detalle que, aunque procedural, habla de la relevancia política del momento y de la necesidad de dejar constancia pública de cada apoyo.
Según informó Infobae, la reunión logró superar el mínimo de nueve autoridades académicas requerido para poder resolver, lo que permitió destrabar un proceso que suele estar rodeado de expectativa porque de allí saldrá la lista de aspirantes que después será evaluada para definir quién asumirá el control del ente fiscalizador. En un país donde la vigilancia del gasto público ha sido históricamente un termómetro de la relación entre poder político, transparencia y combate a la corrupción, cada paso de esta comisión tiene peso propio. La elección de Cortés no es menor: la presidencia de este grupo no solo ordena el trabajo interno, también marca el ritmo de una decisión que puede impactar el perfil del futuro contralor.
El trasfondo importa más allá de la formalidad de la votación. La Contraloría General de Cuentas es una pieza central en el andamiaje institucional guatemalteco porque supervisa cómo se usan los recursos públicos y puede detectar irregularidades en ministerios, municipalidades y otras dependencias estatales. Por eso, la conformación de la comisión que propondrá la nómina suele leerse como una antesala de negociaciones entre academia, sectores políticos y grupos de interés que observan de cerca quién terminará ocupando un cargo con capacidad de auditar el Estado. Que la sesión haya avanzado con quórum suficiente y una elección abierta sugiere, al menos en esta etapa, una voluntad de formalidad institucional en medio de un proceso que casi siempre despierta suspicacias.
En Guatemala, la elección de autoridades de control rara vez se limita a un trámite administrativo. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema de fiscalización y, con ella, la capacidad del Estado para responder a preguntas básicas que afectan a la ciudadanía: dónde se va el dinero, quién responde por los abusos y qué tan lejos puede llegar la impunidad. Por eso, aunque la noticia parezca circunscrita a una sala académica, su alcance es mucho mayor: lo que decida esta comisión puede incidir directamente en el margen de maniobra del próximo contralor y, en última instancia, en la calidad de la supervisión sobre el uso de los fondos públicos.
