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Actores peruanos rechazan detención de Pedro Mo y Brenda Jah

Hace 14 minutos
Actores peruanos rechazan detención de Pedro Mo y Brenda Jah

Imagen: infobae

La detención preliminar por 15 días de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah desató una reacción inmediata en el sector cultural peruano. Actores como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Emanuel Soriano exigieron garantías y cuestionaron el procedimiento de la Dircote.

La detención preliminar por 15 días de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah provocó una fuerte respuesta dentro del mundo cultural peruano. Actores como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Emanuel Soriano y Emilram Cossío, entre otros, salieron a exigir garantías para ambos y a cuestionar la intervención de la Dircote, en un caso que ya se convirtió en un nuevo punto de tensión entre el aparato estatal y la comunidad artística.

De acuerdo con la información difundida por Infobae, los integrantes del sector cultural no solo expresaron solidaridad con los detenidos, sino que también plantearon preocupación por las condiciones en las que se produjo la medida preliminar. La exigencia principal es que se respete el debido proceso y que cualquier actuación policial o fiscal se mantenga dentro de los márgenes legales, especialmente cuando involucra a figuras públicas cuyo trabajo tiene amplia visibilidad en la escena peruana.

El episodio no es menor. En Perú, cada vez que una investigación alcanza a artistas o voces reconocidas, el debate trasciende el caso individual y se instala de inmediato en una discusión más amplia sobre libertades, presunción de inocencia y uso de medidas restrictivas por parte de las autoridades. Que la Dircote aparezca en este escenario agrega además un componente sensible, porque la percepción pública de este tipo de intervenciones suele mezclarse con recuerdos de etapas de mayor conflictividad política y con la desconfianza ciudadana frente a posibles excesos del Estado.

Por eso la reacción de figuras como Sánchez, Astengo, Soriano y Cossío no debe leerse solo como un gesto corporativo de defensa entre colegas. También refleja el malestar de un sector que teme que la criminalización o la detención temprana se normalicen en casos que todavía requieren esclarecimiento. Mientras no se conozcan con precisión las razones y alcances de la medida, el foco seguirá puesto en una pregunta central: si el Estado está actuando con la prudencia necesaria o si está empujando un proceso que puede erosionar aún más la confianza pública en sus instituciones.

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