Moreno exige reactivar la unidad antidroga de la Guardia Civil y eleva la presión al Gobierno

Juanma Moreno ha vuelto a poner el foco en el narcotráfico en Andalucía y, con ello, en una discusión de fondo sobre la capacidad del Estado para responder a un fenómeno que lleva años ganando terreno en el sur de España. El presidente de la Junta ha pedido al Gobierno central que reactive la unidad de la Guardia Civil especializada en esta lucha, desmantelada en 2022, al considerar que la comunidad vive una escalada de inseguridad asociada a la presencia de mafias en distintos puntos del territorio.

La solicitud no es menor porque toca una de las grietas más sensibles de la seguridad pública en Andalucía: el avance de redes criminales que aprovechan la posición geográfica de la región, su litoral extenso y la presión constante del tráfico de drogas procedente del Estrecho. Moreno ha planteado su reclamo como una respuesta necesaria ante una situación que, según su diagnóstico, desborda la capacidad de los operativos ordinarios y exige recuperar una estructura policial más específica, más especializada y con mayor capacidad de investigación y seguimiento de estas organizaciones.

El trasfondo de esta petición remite a un problema que no es nuevo, pero sí cada vez más visible para vecinos, fuerzas de seguridad y autoridades locales: el narcotráfico ya no se limita al transporte de droga, sino que arrastra violencia, economías paralelas, intimidación a agentes y una sensación de impunidad en zonas concretas de Andalucía. La decisión de eliminar aquella unidad en 2022 había sido interpretada por distintos sectores como un retroceso en la estrategia contra las mafias; ahora, el Gobierno andaluz intenta convertir esa crítica en una exigencia política, en un contexto en el que la seguridad se ha instalado como una prioridad pública y electoral.

Más allá del intercambio entre administraciones, el debate revela una pregunta más amplia: hasta qué punto el Estado está adaptando su respuesta a un crimen organizado que cambia de forma y se desplaza con rapidez. Para la ciudadanía, la discusión no es abstracta. Se traduce en barrios donde crece el miedo, en municipios costeros donde aumentan las operaciones policiales y en agentes que denuncian ir al límite con recursos que, según distintas voces del sector, no siempre están a la altura del problema. La reactivación de una unidad especializada, en ese sentido, no sería solo una medida técnica, sino un gesto político sobre qué prioridad real le concede el Gobierno a la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.