Sarabia ratifica su denuncia contra Sanabria y reabre la pelea por presiones a la Policía
Imagen: infobae colombia
Laura Sarabia confirmó que denunció al general retirado Henry Sanabria, en un nuevo capítulo de la disputa por supuestas presiones a la Policía. El caso vuelve a exhibir las fracturas dentro del aparato estatal y el costo político de esas peleas.
Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido y antes una de las funcionarias más cercanas al círculo de poder del Gobierno Petro, volvió a quedar en el centro de una tormenta política que no parece apagarse. Según informó infobae colombia, la exdirectora del Dapre confirmó que sí presentó una denuncia contra el general retirado Henry Sanabria, en un episodio que reaviva las tensiones por los señalamientos de presiones a la Policía y que deja claro que este no es un simple rifirrafe personal: es una pelea por credibilidad, por poder y por el control del relato público.
La confirmación de Sarabia tiene un peso especial porque llega después de que Sanabria la señalara directamente como una alta funcionaria involucrada en la supuesta presión a la institución policial. En otras palabras, el cruce ya no está en el terreno de las insinuaciones ni de los rumores de pasillo, sino en el de una disputa formal que puede terminar alimentando nuevas versiones, más declaraciones y eventualmente más preguntas sobre quién estaba detrás de cada decisión. En un país acostumbrado a ver cómo los conflictos internos se convierten en escándalos de alto voltaje, la decisión de Sarabia de sostener su denuncia le dice al país que la batalla sigue abierta y que, por ahora, ninguna de las partes está dispuesta a ceder terreno.
El episodio importa más allá de los nombres propios porque toca una fibra sensible del Estado colombiano: la relación entre poder civil, seguridad pública y autonomía de la Fuerza Pública. Cuando aparecen acusaciones de presiones sobre la Policía, la discusión deja de ser únicamente sobre un funcionario o un exuniformado y pasa a medir la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Ese es el verdadero daño colateral de esta clase de choques: mientras los protagonistas se disputan quién dijo la verdad y quién cruzó la línea, la gente común observa otra señal de desgaste institucional, una más, en un país donde la desconfianza hacia el poder ya es alta. Y en medio de esa desconfianza, cada acusación se convierte en combustible político.
Para el Gobierno, este caso representa un problema adicional porque Sarabia no es una figura periférica: ha estado presente en varios de los momentos más delicados de la administración y su nombre ya carga con un historial de polémicas. Por eso, cualquier nuevo frente que la involucre amplifica el ruido sobre la forma en que se toman decisiones en la Casa de Nariño y sobre los límites entre la lealtad política y la presión institucional. Lo que venga después dependerá de si la denuncia avanza con evidencias o si termina atrapada en la espiral habitual de versiones enfrentadas. Pero incluso antes de que haya una conclusión jurídica, el daño político ya está hecho: la discusión volvió a poner en primer plano una verdad incómoda para Colombia, y es que sus crisis más profundas rara vez estallan de una sola vez; suelen filtrarse primero como una pelea entre personas y luego revelan la fragilidad de todo el sistema.
