Muñoz Machado entra en la Academia de Jurisprudencia y lanza una alerta sobre la IA

Imagen: El País
Santiago Muñoz Machado ya no solo dirige la RAE: también se ha convertido en el único académico presente en tres reales academias tras su ingreso en Jurisprudencia y Legislación. En su discurso lanzó una advertencia de fondo: la inteligencia artificial puede erosionar el sometimiento de la Administración a la legalidad.
Santiago Muñoz Machado ha hecho historia en el mundo académico español al convertirse en el único integrante de tres reales academias, después de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El director de la Real Academia Española, que ya formaba parte de la de Ciencias Morales y Políticas, amplía así una trayectoria institucional que lo sitúa en el centro de algunos de los debates más sensibles de este momento: el lenguaje, el derecho y la relación entre poder público y tecnología.
Su incorporación no es solo un reconocimiento personal, sino también una señal de la relevancia que ha adquirido su voz en los asuntos jurídicos y constitucionales. Según informó El País, Muñoz Machado aprovechó su intervención para lanzar una advertencia que va mucho más allá del ceremonial académico: la inteligencia artificial, dijo en esencia, puede convertirse en una amenaza para que la Administración siga sometida a la legalidad. En otras palabras, el avance tecnológico no garantiza por sí mismo mejores decisiones públicas; si se aplica sin límites claros, puede terminar debilitando el control jurídico que debe regir a cualquier poder del Estado.
La advertencia llega en un momento especialmente oportuno. Gobiernos, tribunales y organismos públicos en Europa y América están incorporando herramientas algorítmicas para clasificar expedientes, anticipar comportamientos, automatizar respuestas o gestionar grandes volúmenes de información. El problema no es la tecnología en sí, sino el modo en que se integra en estructuras administrativas que ya arrastran asimetrías de poder, falta de transparencia y decisiones opacas. Si un algoritmo decide, recomienda o prioriza sin suficiente supervisión humana, la ciudadanía puede quedarse sin una explicación clara de por qué recibió una sanción, una ayuda o una negativa. Y en el terreno del derecho, esa falta de trazabilidad no es un detalle técnico: es una grieta democrática.
Por eso el ingreso de Muñoz Machado en Jurisprudencia y Legislación tiene una lectura que excede la biografía. En un país donde la burocracia digital avanza más rápido que la regulación, su mensaje conecta con una preocupación que también pesa en Colombia y en Estados Unidos: cómo evitar que la automatización convierta la eficiencia en una excusa para rebajar garantías. La discusión ya no pasa solo por quién programa los sistemas, sino por quién responde cuando fallan y bajo qué reglas actúan. Esa es, en el fondo, la gran pregunta de esta nueva etapa: si la inteligencia artificial va a ser una herramienta del Estado o una coartada para debilitar el Estado de derecho.




