Desierta la subasta del ático de 6,3 millones que compró el Gobierno de Ayuso
Imagen: El País
La subasta del ático que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró por 6,3 millones de euros quedó desierta. El inmueble volverá a ofrecerse mañana, mientras crece la polémica por la justificación oficial de su adquisición.
La operación inmobiliaria con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 6,3 millones de euros por un ático en Madrid ha entrado en un callejón complicado: nadie presentó una oferta en la subasta inicial y el inmueble volverá a salir mañana a un nuevo proceso abierto de adjudicación. El dato no es menor. Habla no solo de un activo difícil de colocar en el mercado, sino también de una compra pública que desde el principio nació rodeada de preguntas sobre su utilidad real y sobre la manera en que se justificó el gasto.
Según informó El País, el expediente de Planifica Madrid defendió la adquisición argumentando que el inmueble serviría como un “alojamiento ocasional” para autoridades de visita o incluso para las propias autoridades de la Comunidad de Madrid. Esa explicación, en apariencia administrativa, abre un debate político de mayor calado: por qué una administración autonómica necesita destinar millones a un ático para usos esporádicos cuando existen alternativas institucionales más baratas y menos polémicas. La ausencia de postores en la primera subasta refuerza la impresión de que el precio, la ubicación o las condiciones del inmueble no resultan atractivos ni siquiera para el mercado que se supone debía validarlo.
El caso importa porque convierte un expediente patrimonial en un problema de credibilidad pública. En Madrid, donde la gestión de Ayuso se ha construido sobre una imagen de eficiencia y defensa del gasto contenido, la compra de un ático de lujo para supuestos usos protocolarios introduce una grieta incómoda. No se trata solo de una discusión técnica sobre activos inmobiliarios: es una cuestión sobre prioridades, control del dinero público y transparencia en las decisiones de compra. Cuando una operación de este tamaño queda sin interesados, lo que aparece en el centro del debate no es solo la dificultad de revenderla, sino la pregunta de fondo sobre si el gasto original estuvo bien diseñado o simplemente fue una decisión políticamente conveniente para quienes la aprobaron.
Lo que ocurra mañana será importante, pero no resolverá el problema de fondo. Si aparece un comprador, el Gobierno madrileño podrá presentar la nueva adjudicación como una salida al bloqueo. Si vuelve a fracasar, la discusión se hará todavía más pesada, porque quedará claro que el mercado no convalida la valoración inicial. En cualquier escenario, el episodio deja una advertencia sobre cómo ciertas decisiones patrimoniales de la administración acaban teniendo una vida política mucho más larga que la operación que las originó. Y en este caso, la factura no solo se mide en millones, sino en confianza institucional.
