Maduro pide tumbar en EE.UU. el juicio por narcotráfico y alegar inmunidad
Imagen: clarin colombia
La defensa de Nicolás Maduro pidió a una corte de Estados Unidos que anule el proceso por narcotráfico y narcoterrorismo en su contra, alegando inmunidad. El movimiento busca frenar un juicio que, según el calendario judicial, arrancaría en junio del próximo año.
Nicolás Maduro intenta frenar en Estados Unidos uno de los procesos más sensibles que enfrenta su nombre en tribunales extranjeros: su defensa presentó un escrito de 60 páginas para pedir que se archive la causa por narcotráfico y narcoterrorismo, argumentando que el mandatario venezolano goza de inmunidad. La jugada no es menor. Si prospera, podría cerrar de entrada un expediente que lo coloca, junto con su esposa Cilia Flores, en el centro de una acusación con fuerte carga política y penal en Washington.
Según informó clarin colombia, el documento fue radicado por los abogados del presidente destituido de Venezuela ante la corte que lleva el caso y busca derrumbar la base misma del juicio. La pretensión es que el proceso sea anulado antes de que llegue a la etapa central, en un expediente cuyo inicio está previsto para junio del próximo año. En términos prácticos, la defensa intenta ganar tiempo y, sobre todo, instalar la idea de que un jefe de Estado —o alguien que reivindica ese estatus— no puede ser sometido a este tipo de persecución judicial en territorio estadounidense.
El trasfondo es más amplio que una disputa legal. Desde hace años, Estados Unidos ha utilizado causas penales y sanciones financieras como parte de su estrategia de presión sobre el chavismo, en un escenario en el que la relación bilateral está completamente rota y Venezuela sigue atrapada entre el autoritarismo, la crisis económica y el aislamiento internacional. La acusación por narcotráfico y narcoterrorismo no solo compromete a Maduro en el plano jurídico; también refuerza la narrativa de Washington sobre el rol del gobierno venezolano en economías ilícitas y redes criminales transnacionales. Para la población venezolana, el caso importa porque prolonga la incertidumbre sobre el futuro político del país y porque cualquier giro judicial puede incidir en nuevas sanciones, negociaciones o movimientos diplomáticos.
El calendario ahora juega un papel clave. Que el juicio esté fijado para junio del próximo año significa que aún hay margen para una batalla procesal intensa, con argumentos de jurisdicción, inmunidad y competencia que podrían retrasar o incluso redefinir el expediente. Pero más allá del pulso legal, el mensaje es claro: Maduro intenta blindarse frente a una justicia extranjera que, en su criterio, no tiene autoridad para juzgarlo. La pregunta de fondo es si ese argumento bastará para contener un caso que, por su naturaleza, mezcla derecho, geopolítica y una larga disputa por el poder en Venezuela.
